El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria publicó este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución 201/2026, mediante la cual se modifica el esquema de vacunación del ganado contra Fiebre aftosa y Brucelosis bovina, permitiendo que los productores elijan libremente al veterinario que aplicará las vacunas obligatorias.

La nueva normativa establece que los titulares de establecimientos registrados en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) podrán contratar a un veterinario privado acreditado por el Senasa para comprar, conservar y aplicar las vacunas durante las campañas oficiales o en vacunaciones estratégicas.

Hasta ahora, gran parte de estas tareas se realizaban a través de entes sanitarios locales, lo que implicaba que los productores debían vacunarse dentro de la estructura de cada zona. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, señaló que ese esquema generaba diferencias de costos entre regiones y limitaba la competencia entre prestadores del servicio.

El funcionario también planteó que la fragmentación territorial del sistema dificultaba el desarrollo de redes de distribución más amplias para las vacunas, lo que impactaba en los costos y en la logística sanitaria.

El nuevo esquema entrará en vigencia el 1 de enero de 2027. A partir de entonces, los productores deberán informar al Senasa, a través de un sistema de autogestión, el esquema de vacunación que aplicarán en sus establecimientos.

La normativa establece además que los veterinarios deberán estar acreditados por el Senasa como vacunadores y contar con habilitación para brucelosis bovina, además de garantizar la cadena de frío de las vacunas y registrar las actas de vacunación en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa).

Asimismo, las vacunas deberán adquirirse a laboratorios productores, importadores, entes sanitarios o establecimientos habilitados, y mantenerse en depósitos que aseguren su correcta conservación hasta el momento de la aplicación.

Según el texto oficial, los profesionales que participen de estas campañas también deberán reportar al organismo cualquier situación sanitaria relevante, como mortandad de animales, diferencias de stock o movimientos irregulares de ganado.

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