El Gobierno nacional anunció este martes la reestructuración de siete organismos públicos, a los que calificó como “sobredimensionados e ineficientes”. Entre ellos se encuentran el INTA y el INTI, dos entidades que tienen sede y actividad directa en Balcarce, lo que genera incertidumbre sobre el futuro laboral y operativo en la ciudad.

La decisión fue oficializada mediante un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial y forma parte de las políticas del presidente Javier Milei para reformar el Estado y reducir el gasto público.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Economía, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que cuenta con alrededor de 6.000 empleados a nivel nacional, pasará a funcionar como un organismo desconcentrado dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Su rol se enfocará exclusivamente en la innovación y transferencia tecnológica, dejando de lado tareas vinculadas a la agricultura familiar y la agroecología, actividades fuertemente arraigadas en la Estación Experimental Agropecuaria que el INTA tiene en Balcarce.

Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) será transformado en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, lo que también genera preocupación por el futuro de sus delegaciones regionales y el impacto en los proyectos con pymes locales.

Los otros organismos alcanzados por la reestructuración son:

• Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), que será disuelta;

• Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), que será cerrado;

• Instituto Nacional de Semillas (INASE), que también será disuelto;

• Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que pasará a depender de Agricultura;

• Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), que quedará bajo la órbita de Industria y Comercio.

Desde el Ejecutivo sostienen que estas reformas buscan “una organización administrativa más racional”, optimizando recursos, evitando duplicaciones y contribuyendo al equilibrio fiscal.

El anuncio se suma al que el Gobierno realizó este lunes, cuando informó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Las medidas se enmarcan en las facultades delegadas por el Congreso hace un año, que permiten al Poder Ejecutivo avanzar con la reforma del Estado y la desregulación de la economía.