El diputado provincial José Ignacio “Cote” Rossi, del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados bonaerense para expresar su “profunda preocupación” por la situación de la investigadora Virginia Aparicio, de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Balcarce del INTA.
La iniciativa toma como referencia la denuncia realizada días atrás por la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), que sostuvo que Aparicio atraviesa una situación de “persecución, censura y silenciamiento” dentro del organismo. El proyecto plantea además manifestar solidaridad con la investigadora y con otras situaciones de características similares que, según el gremio, se repiten en el ámbito del INTA.
Aparicio fue coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT, una investigación que estudió la presencia de plaguicidas en muestras humanas y ambientales. Según APINTA, la presentación pública de los resultados prevista para 2023 fue suspendida y posteriormente el INTA decidió finalizar la participación argentina en el proyecto.
En los últimos días también trascendió que la investigadora enfrenta desde comienzos de 2025 un sumario administrativo relacionado con su participación como coordinadora argentina de SPRINT. Medios especializados señalaron que el proceso podría derivar en una sanción severa, aunque se trata de un expediente administrativo cuya situación continúa en desarrollo.
En los fundamentos, Rossi sostuvo que las investigaciones científicas pueden ser discutidas, cuestionadas y sometidas a evaluación, pero consideró que las diferencias respecto de un trabajo científico deben canalizarse mediante instancias institucionales y académicas, sin afectar el desarrollo profesional de los investigadores ni su posibilidad de comunicar resultados.
El legislador también retomó el planteo de APINTA sobre la necesidad de garantizar “libertad, transparencia y respaldo institucional” para la investigación científica. En ese sentido, el proyecto destaca el rol del Estado y de los organismos públicos de ciencia y tecnología en la producción y comunicación de conocimiento.
“No hay desarrollo productivo sin ciencia. No hay ciencia sin libertad para investigar”, había señalado APINTA al referirse al caso de Aparicio.
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