Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense busca modificar los artículos 92 y 125 del Decreto Ley 6769/1958, conocido como Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), con el objetivo de regular las dietas de los concejales y los sueldos de los intendentes, estableciendo criterios unificadores y límites máximos en toda la provincia.
Actualmente, la normativa permite que cada municipio determine el salario de sus autoridades con amplia discrecionalidad, lo que derivó —según los fundamentos del texto— en “enormes distorsiones y desigualdades” entre distritos.
El proyecto, impulsado por la diputada Natalia Dziakowski (UCR–Cambio Federal), advierte que hoy existen intendentes que perciben sueldos superiores al del gobernador o al del presidente de la Nación, situación que considera “incoherente e insostenible”.
Disparidades entre municipios
“El sueldo de un legislador local es distinto en cada uno de los 135 municipios”, señala el texto, que atribuye esas diferencias a múltiples factores: el salario básico del personal administrativo, la cantidad de concejales y los ajustes locales. Esa combinación de variables genera que en algunos distritos las dietas sean demasiado bajas para la responsabilidad del cargo, mientras que en otros resulten excesivamente altas.
Qué propone la reforma
La iniciativa plantea una nueva escala de dieta mensual para concejales, que se calculará en base al sueldo mínimo del personal administrativo municipal. Los concejos podrán fijar montos de entre 2,5 y 5 sueldos mínimos, según la cantidad de ediles, aunque en ningún caso podrán superar el salario de un legislador bonaerense.
Además, quienes renuncien a la dieta podrán percibir una suma compensatoria no remunerativa equivalente a dos tercios del monto correspondiente, sin aportes previsionales ni aguinaldo.
Para los intendentes, el proyecto establece que el sueldo no podrá ser inferior a diez sueldos mínimos ni superior al que percibe el gobernador bonaerense, con ajustes proporcionales según la cantidad de concejales. También se mantiene la posibilidad de contar con una partida para gastos de representación, aunque deberá tener rendición de cuentas y no podrá unificarse con el salario.
Criterios de equidad y transparencia
Según la autora, la propuesta “responde a la demanda ciudadana de mayor transparencia y coherencia” en el manejo de los recursos públicos. “Resulta necesario establecer un tope máximo para evitar incoherencias, como que un intendente gane más que el gobernador”, sostiene el texto.
En el plano local, la medida podría impactar directamente en Balcarce, en lo que refiere a la revisión de los sueldos tanto de los concejales como del intendente municipal.
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