El equipo económico confía en tener listo entre lunes y martes el acuerdo con los bancos y demás tenedores privados de la deuda en pesos para refinanciar los vencimientos del próximo trimestre. Se trata de un volumen cercano a los $6 billones, en los cuales hay una alta participación de organismos del Estado –esencialmente el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, pero también de otras empresas estatales, además de bancos públicos– lo cual garantiza un alto piso de aceptación mínima de la oferta de canje que se negocia con los privados.

Es que, aunque la tenencia en manos de entes oficiales supere el 55% (algunas proyecciones privadas estiman esa cifra por encima incluso por encima de 60%), lo cierto es que la participación de bancos, compañías de seguro y fondos comunes de inversión resulta imprescindible para asegurar la pax cambiaria.

El Banco Central sumaría una opción de venta, denominado put en la jerga financiera, mecanismo que funciona como un seguro de rescate para los acreedores
En ese sentido, tal como informó Infobae, desde la Secretaría de Finanzas a cargo de Eduardo Setti, en diálogo con los bancos, se ultiman los detalles de una propuesta que permita postergar los compromisos de pago de marzo a junio hacia mediados del año que viene y hasta principios de 2025.

El menú de bonos consta principalmente de títulos que ajustan por CER y también, a pedido de los inversores, se incorporarían los bonos duales, aquellos bonos que debutaron en el primer canje lanzado por el ministro de Economía, Sergio Massa, en agosto a pocos días de asumir por los cuales los tenedores se aseguran, al momento del vencimiento, el mayor rendimiento entre la inflación (CER) o la evolución del tipo de cambio oficial. En cualquier caso, para sumar atractivo a los títulos y hacer viable la posibilidad de extender un 70% de los vencimientos actuales hasta agosto y octubre de 2024 y el 30% a marzo de 2025, el Banco Central sumaría una opción de venta, denominado put en la jerga financiera, mecanismo que funciona como un seguro de rescate para los acreedores.

Los detalles técnicos de su instrumentación, que resultan vitales en el contexto de una renegociación voluntaria de la deuda que implica aplazar los compromisos para después de las elecciones presidenciales, fueron los que dilataron durante esta semana el cierre del pre acuerdo con los bancos y demoró, a su vez, las reuniones previstas con fondos comunes de inversión y otros administradores de carteras. El foco de las diferencias es el funcionamiento de la opción de venta, un mecanismo que ya implementó el Banco Central el año pasado pero cuyas condiciones –hoy se activa cuando la tasa en el mercado secundario sube 200 puntos básicos respecto del día anterior, lo que equivale a una oscilación importante– ahora los bancos consideran insuficientes dados los plazos mucho más extensos bajo discusión.

Con todo, en el marco de la definición de las modificaciones en las metas que exigirá el FMI, proceso que Economía también prevé tener completado a principios de la semana entrante, ambas cuestiones quedarían resueltas prácticamente al mismo tiempo. “Estamos cerca, la idea es tenerlo listo el lunes. Si no se llega, igualmente será más cerca de principios que del fin de la semana”, aseguraron fuentes oficiales.

El Gobierno ganaría así un tiempo fundamental de calma en el mercado financiero, donde dan por descontado un entendimiento que evite sobresaltos. En definitiva, aportó un avezado operador, a pesar de la polémica generada a mediados del mes pasado por el comunicado de Juntos por el Cambio aludiendo a la “bomba” de la deuda en pesos, los precios del mercado ni se inmutaron y sostuvieron su propia dinámica, alejada por el momento de las rispideces de la previa de la campaña electoral.

Con la misma mecánica que a principios de año, cuando se inició el procedimiento de canjes, el equipo de Finanzas deberá diseñar una propuesta para los vencimientos del tercer trimestre, que coincide no sólo con el período electoral sino también con una alta concentración de pagos acumulados en julio. Dependerá del nivel de volatilidad e incertidumbre imperante para esa fecha, la propuesta que se sienten a discutir todas las partes afectadas.