Jorge Omar Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, cabeza de lo que fue la feria ilegal más grande de Latinoamérica, fue arrestado hoy jueves en su mansión de Luján por la Policía Federal, en el marco de una investigación por los delitos de lavado de dinero y activos.
El expediente, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, incluyó 60 allanamientos simultáneos realizados por la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA en distintas ferias, oficinas, domicilios y depósitos. La investigación fue iniciada en 2023 y, desde entonces, logró identificar un entramado de 89 sociedades comerciales, más de 160 personas involucradas y múltiples maniobras de blanqueo de capitales.
Fuentes del caso detallaron que se trató de una causa muy compleja, con más de 100 personas que conforman el núcleo de negocios de los tres principales imputados, dueños de los predios y encargados de la administración y de toda la actividad comercial.
Según se determinó en la investigación, son familias enteras dedicadas a obtención de ganancias ilícitas: vendían marcas falsas, envases para ropa falsos y alquilaban más de 7000 locales por día o por semana, lo cual produce ganancias siderales, y ellos gestionaban esos alquileres y venta de los puestos.
Asimismo, se constató que armaron toda una organización para colocar ese dinero en el mercado a través de cuentas bancarias, empresas pantalla, diversificación en muchas cuentas, compra de inmuebles y de otros bienes suntuosos.
En los allanamientos realizados en las últimas horas, se secuestró documentación contable, así como registros de operaciones financieras y dinero en efectivo, junto a computadoras y teléfonos que podrán ser peritados.
Castillo y su familia no fueron los únicos detenidos: también cayeron los acusados de ser los actuales operadores administrativos de La Salada y su feria conexa, la feria Urkupiña, acusados junto a Castillo de los delitos de lavado y evasión, todo bajo el paraguas de una asociación ilícita.
Según investigadores, una empresa en particular operaba como instrumento para blanquear la recaudación, con cifras millonarias. En los procedimientos también participó la Dirección General de Aduanas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
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