La Justicia dio un paso clave en una causa que compromete a la conducción del fútbol argentino. El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la entidad y de los principales clubes del país.
La imputación fue presentada ante el juez Diego Amarante y se centra en la falta de pago de contribuciones a la seguridad social, por un monto que, según la denuncia, supera los $19.000 millones. Se trata de la primera vez que Tapia y su principal colaborador quedan formalmente imputados en una causa de este tipo.
De acuerdo con fuentes judiciales, el expediente se originó a partir de una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que advirtió que la AFA habría retenido aportes previsionales y otros tributos a sus empleados sin efectuar el depósito correspondiente dentro de los plazos legales.
La conducta investigada encuadra, según el fiscal, en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones.
En su requerimiento de instrucción, Navas Rial imputó a Tapia en su carácter de presidente y responsable de la administración de la clave fiscal de la AFA. Además, sostuvo que, por la magnitud de la estructura económica de la entidad y los montos involucrados, resulta necesario ampliar la investigación a otros dirigentes y personas vinculadas al entramado societario que rodea a la asociación.
Entre los mencionados figuran Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo, ambos relacionados con empresas que, según la pesquisa, mantendrían vínculos con el tesorero Pablo Toviggino.
Esta causa es una de las tres investigaciones abiertas en los últimos días que comprometen a la cúpula de la AFA. En paralelo, la Justicia analiza otros expedientes que involucran a Tapia y a su entorno por presuntas irregularidades financieras, que podrían derivar en procesamientos si se confirma la existencia de delitos.
En ese marco, el juez federal Marcelo Aguinsky ordenó nuevas medidas en la causa que investiga la compra de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar, presuntamente adquirida a través de testaferros vinculados a dirigentes de la entidad.
Entre las diligencias dispuestas se encuentra el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del inmueble, con el objetivo de detectar movimientos llamativos previos a los allanamientos, como el traslado de vehículos de alta gama o animales, un dato que llamó la atención de los investigadores.
Asimismo, se realizará un procedimiento en la empresa Flyzar, propietaria del helicóptero que habría sido utilizado en la operatoria, que deberá aportar a la Justicia el listado completo de pilotos, pasajeros y vuelos realizados, información considerada clave para reconstruir los desplazamientos vinculados a la causa.
Las medidas fueron impulsadas tras la presentación de un informe elaborado por el fiscal Navas Rial, que propuso avanzar con diligencias probatorias orientadas a empresas presuntamente asociadas a Pablo Toviggino, en el marco de una investigación que continúa en expansión.
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