Los sindicatos estatales nucleados en la Federación Gremial de Empleados de la Provincia de Buenos Aires se sumaron al pedido de distintos gremios para que el gobierno bonaerense convoque a retomar las negociaciones paritarias, en un contexto de creciente tensión salarial.

La solicitud se produce mientras el Ejecutivo provincial, encabezado por Axel Kicillof, sostiene que atraviesa dificultades financieras derivadas, entre otras cuestiones, de la deuda que le reclama a la administración nacional de Javier Milei, cuya cifra actualizada —según indicó el ministro de Economía bonaerense, Pablo López— asciende a 22 billones de pesos.

Al igual que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Fegeppba presentó una nota formal ante el Ministerio de Trabajo provincial en la que reclama que un eventual acuerdo impacte en los salarios de marzo. Los haberes de febrero se liquidarán con un 1,5% de incremento, decisión adoptada por el Ejecutivo para evitar que los sueldos queden por debajo de los valores de diciembre, ya que en enero se abonó un retroactivo que ahora deja de computarse.

En el escrito, la federación planteó que “la compleja situación económica de los trabajadores públicos impone una necesidad extrema de buscar una urgente recomposición acorde con los índices inflacionarios publicados”, y advirtió que esos indicadores no reflejan plenamente el aumento de precios en rubros esenciales.

El gobierno había ofertado un 3% de aumento, propuesta que fue rechazada por los gremios. Aunque no se cerró la paritaria, las partes mantienen contactos informales a la espera de una nueva convocatoria que permita avanzar hacia un entendimiento. El 13 de marzo aparece como fecha clave: ese día finaliza el trámite interno de liquidación salarial y, de no alcanzarse un acuerdo, cualquier incremento se postergaría hasta abril, a cobrarse en mayo, salvo que el Ejecutivo disponga una mejora por decreto.

En este marco de endurecimiento gremial, los sindicatos docentes confirmaron un paro de 24 horas para el lunes próximo, en coincidencia con una medida nacional impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Será la primera huelga docente desde el inicio de la gestión de Kicillof. Los judiciales, por su parte, también definieron una medida de fuerza, aunque sin fecha confirmada.

En paralelo, ATE propuso avanzar en una mayor presión fiscal sobre sectores de altos ingresos para financiar mejoras salariales. Entre las alternativas mencionadas figuran incrementos al impuesto inmobiliario rural, recargos a inmuebles en barrios cerrados, gravámenes adicionales a propiedades urbanas ociosas y el fortalecimiento del impuesto a la herencia.

Desde el gobierno provincial reiteraron que el escenario financiero está condicionado por recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica nacional sobre la producción y la recaudación tributaria, factores que —según indicaron— limitan el margen para formular una oferta salarial superadora.

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