La jueza estadounidense Loretta Preska desestimó el pedido del Gobierno argentino para suspender (de manera temporaria) la sentencia que ordena la transferencia del 51% de las acciones de YPF, en el marco del histórico juicio por la nacionalización de la petrolera. La decisión representa un nuevo revés para el país, que deberá avanzar con la cesión de los títulos, tal como había sido dictaminado en el fallo del pasado 30 de junio.

La solicitud de suspensión (conocida en el ámbito judicial como “stay”) había sido presentada por el Ejecutivo como parte de su estrategia para ganar tiempo mientras se tramitan las apelaciones. Sin embargo, Preska rechazó el planteo y ratificó que Argentina debe avanzar con la transferencia de las acciones a los beneficiarios del fallo, que exige el pago de US$ 16.000 millones.

La noticia fue confirmada por el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales. Además, fuentes oficiales señalaron que el Gobierno continuará apelando, incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos si fuera necesario. Entre sus argumentos, se destaca que la orden judicial violaría el derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), y principios de cortesía internacional.

También se menciona una Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EE.UU., emitida durante la administración de Donald Trump, como respaldo a la posición argentina. Según la defensa, lo dispuesto por Preska constituiría un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

La semana pasada, luego de que el gobierno apelara a la decisión, Preska había citado a las partes para negociar. No obstante, la resolución de este lunes desecha el pedido de suspensión y deja firme el cronograma judicial, que impone a Argentina un plazo de dos semanas desde el 30 de junio para completar la transferencia accionaria.

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