El matrimonio se separó en 2013 y la mujer, en la división de bienes, se quedó con un camión que decidió vender. Hasta allí nada extraño. Por tratarse de gente vinculada al puerto de la ciudad, la operación se realizó en una casa de cambio de la calle 12 de octubre y los 60 mil dólares quedaron allí depositados. Pasado un tiempo, cuando la mujer quiso recuperar el dinero, la muerte del titular de la financiera la sorprendió y esos ahorros desaparecieron.
La Justicia de Mar del Plata investiga en torno a esta historia dos delitos: el primero de ellos si hay responsabilidad en la firma sobre el dinero faltante y el segundo si, la misma firma, presentó recibos adulterados asegurando que no debía nada.
En las últimas horas se llevaron a cabo allanamientos en dos viviendas particulares —ubicadas en calles Alem y Carlos Alvear— y en la sede compartida por las firmas Eurotur Crediticia S.A. y Mardeltur Cambio SRL, en calle 12 de Octubre al 3200.
Durante el operativo, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) encontró a uno de los imputados en una casa de cambio en funcionamiento y según se informó oficialmente, se secuestraron más de 30 millones de pesos y 80.000 dólares en efectivo, además de teléfonos celulares, documentos, contratos, recibos y demás elementos considerados de interés para la causa.
Todo comenzó judicialmente en 2022, a raíz de la denuncia de una mujer, quien declaró haber dejado una suma de 60.000 dólares en la oficina de una de las firmas en 2013, tras la venta de un camión. La denunciante indicó que ese dinero quedó depositado a cambio de un interés mensual, pero nunca le fue devuelto.
La investigación
La Justicia Federal dispuso una investigación y lo primero que hizo fue requerir a los denunciados un descargo. Durante la instrucción, la defensa de los imputados presentó 14 recibos para probar la devolución del dinero. Uno de los elementos que resultó decisivo para el avance de la causa fue la pericia caligráfica ordenada sobre los recibos. Estos documentos intentaban demostrar que el dinero reclamado por la denunciante, había sido devuelto. Sin embargo, los estudios revelaron graves irregularidades.
La primera pericia, realizada el 25 de marzo de 2024, analizó un recibo fechado el 1° de octubre de 2019, en el que se consignaba un pago por 9.000 euros. El resultado fue contundente para los investigadores: la firma atribuida a quien recibió supuestamente el dinero no coincidía con su grafía auténtica, lo que permitió “desvincular su participación en la ejecución de la signatura inserta al pie”.
Más comprometedor aún, según la Justicia, fue lo descubierto en una segunda pericia, del 16 de septiembre del mismo año. En esa instancia, los peritos detectaron que un recibo había sido adulterado de forma manual, agregando ceros y palabras al texto original. El documento, fechado también el 1° de octubre de 2019, originalmente reflejaba una suma de mil dólares (USD 1.000). Pero a través de una maniobra gráfica intencional, el importe fue transformado en cien mil dólares (USD 100.000).
Los peritos identificaron que se adhirió la palabra “cien” a la izquierda de “mil dólares” en el texto literal, y que se agregaron dos ceros (00) en la parte numérica, transformando 1.000 en 100.000. Esta modificación fue calificada como una maniobra adulteradora de agregado, una figura grave dentro de la estafa procesal, ya que implica la presentación intencional de prueba falsa ante la justicia.
Otros documentos también fueron analizados, y aunque no se pudo confirmar la adulteración en todos los casos, el hallazgo de al menos un recibo falsificado con claridad técnica y pericial fue suficiente para abrir una nueva causa penal.
Así el juez federal Santiago Inchausti autorizó los allanamientos, haciendo hincapié en la existencia de indicios fehacientes de que en los domicilios podría hallarse documentación y dinero vinculados a las maniobras investigadas.
La orden incluyó el registro de vehículos, la requisa personal de los imputados, y la posibilidad de utilizar la fuerza pública para ingresar a los lugares si fuera necesario.
Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue autorizado a participar del procedimiento en la casa de cambio, ya que una de las firmas, aunque inscripta como operador cambiario desde 2018, no figura, junto con la otra, en la nómina de entidades financieras autorizadas a funcionar por el BCRA.
Tras los allanamientos, el juzgado ordenó el apartamiento de la abogada defensora original, y la designación de nuevas defensas para los imputados. Asimismo, se levantó el secreto de sumario y se avanzará en nuevas instancias procesales con los elementos obtenidos en los registros.
La investigación sigue su curso, ahora reforzada por pruebas físicas que podrían confirmar una maniobra de estafa millonaria.
Fuente: lacapitalmdp.com
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