El motín en la Unidad Penal de Sierra Chica sigue siendo uno de los episodios más brutales de la historia carcelaria argentina. Durante la Semana Santa de 1996, el penal dejó de responder al Estado y quedó bajo el control de los propios internos, en un escenario marcado por asesinatos, torturas y prácticas que todavía generan conmoción.

El estallido comenzó el 30 de marzo, cuando un grupo de presos encabezado por Marcelo “Popó” Brandán Juárez redujo a los guardias y tomó el control del penal. En cuestión de minutos, la prisión cambió de manos y se transformó en un territorio sin reglas.

A partir de allí, la violencia se desató sin freno. La banda conocida como “Los 12 Apóstoles” avanzó sobre grupos rivales y ejecutó a varios internos. Las muertes fueron rápidas y brutales: disparos, puñaladas y ataques coordinados que dejaron un saldo de al menos ocho víctimas fatales.

Pero lo más impactante vendría después. En medio del caos, los cuerpos fueron mutilados y llevados al horno de la panadería del penal. Allí, según se reconstruyó en el juicio, se cocinaron restos humanos que luego fueron obligados a consumir a otros rehenes y detenidos. El dato estremeció al país: empanadas hechas con carne humana en pleno motín.

El nivel de violencia no terminó ahí. Testimonios incorporados en la causa señalaron que los internos llegaron a jugar al fútbol con la cabeza de una de las víctimas, en una escena que grafica el grado de descontrol que se vivía puertas adentro.

Mientras tanto, en el exterior, la incertidumbre era total. La jueza María de las Mercedes Malere fue tomada como rehén junto a su secretario y trasladada por distintos sectores del penal bajo amenaza constante. Incluso, en uno de los momentos más críticos, los amotinados amenazaron con arrojarla desde una altura si no cesaban los operativos.

El entonces gobernador Eduardo Duhalde evaluó una intervención armada, pero la posibilidad de una masacre mayor frenó cualquier acción directa.

Durante ocho días, el penal funcionó bajo una lógica propia: los líderes imponían reglas y quien no obedecía era castigado o directamente ejecutado. El miedo dominaba tanto a internos como a rehenes, muchos de los cuales fueron obligados a presenciar escenas de extrema violencia.

Recién el Domingo de Pascua llegó la rendición. Algunos reclamos fueron parcialmente aceptados y los rehenes comenzaron a ser liberados. El saldo final fue devastador: muertos, heridos y un sistema penitenciario expuesto en sus peores falencias.

Años después, en el 2000, se realizó el juicio oral contra 24 imputados. Por cuestiones de seguridad, las condenas se siguieron a distancia, a través de un sistema de audio y video inédito hasta ese momento. Hubo penas de reclusión perpetua y condenas de hasta 15 años para los principales responsables.