La Fundación Más Vida denunció a dos psicólogas que intervinieron en el proceso judicial que derivó en la restitución de la tenencia de un niño a su madre en Comodoro Rivadavia, en el marco de la causa por su muerte.

Se trata de las profesionales Jennifer Leiva y Vanesa Marín, cuyos informes fueron considerados determinantes para que el juez Pablo José Pérez resolviera a favor de la madre del menor, Mariela Altamirano.

La mujer y su pareja se encuentran detenidos con prisión preventiva, acusados de haber asesinado al niño, identificado como Ángel López.

Desde la fundación señalaron que los informes elaborados por las profesionales fueron “claves” en la decisión judicial y presentaron una denuncia por presunta violación de los deberes de funcionario público e informe falso.

Según indicaron, las psicólogas habrían recomendado la revinculación del niño con su madre sin haber realizado un informe ambiental. “Ni siquiera conocían las condiciones en las que vivía”, afirmaron, y sostuvieron que ese análisis podría haber advertido sobre la situación de vulnerabilidad.

Entre los elementos señalados, se indicó que la vivienda no reunía condiciones adecuadas y que el niño dependía de asistencia alimentaria. Además, remarcaron antecedentes vinculados a la madre, a quien previamente se le había retirado la tenencia de otro hijo.

También se conocieron datos sobre el comportamiento del menor en el ámbito educativo, donde se habría registrado un cambio significativo antes de la mudanza con su madre, con manifestaciones de angustia.

La causa continúa en investigación y se esperan nuevas medidas judiciales en torno a las responsabilidades en el proceso que derivó en el desenlace.

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