La causa judicial que investiga a la financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo —con vínculos estrechos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia— por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal ha tenido en las últimas semanas un avance relevante en distintos frentes federales. 

En diciembre de 2025, la Justicia Federal ordenó decenas de allanamientos simultáneos en la sede central de la AFA, su predio en Ezeiza y al menos 17 clubes de fútbol de Primera División y del ascenso, en el marco de una causa que busca documentación y evidencia sobre los vínculos financieros entre Sur Finanzas y esas entidades. 

Denuncias, allanamientos y procesos principales

La investigación se originó a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) por presuntas maniobras de evasión fiscal y movimientos de dinero millonarios que no se condicen con la capacidad económica de los sujetos involucrados. Según la causa, Sur Finanzas podría haber operado como una vía para blanquear fondos e instrumentar acuerdos económicos con clubes a través de préstamos, derechos de sponsoreo y otros mecanismos financieros bajo sospecha. 

En el desarrollo de la causa:

• Más de 30 allanamientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella, con la Policía Federal secuestrando documentación y equipos electrónicos de AFA y clubes involucrados.

• La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue procesada con prisión preventiva por encubrimiento tras ser sorprendida retirando material del galpón donde se almacenaba documentación relevante para la causa.

• La causa también enfrenta una disputa de competencia judicial: la Cámara Federal de La Plata determinó que el juez Federico Villena continuará investigando la denuncia impulsada por otro organismo de control (ARCA), en paralelo a la investigación de Armella sobre lavado de activos. 

Licitación del estadio José María Minella

Un capítulo que cobró relevancia en la segunda etapa de la investigación fue la vinculación entre la causa Sur Finanzas y la licitación del estadio José María Minella y el Parque Municipal de los Deportes en Mar del Plata. 

Medios regionales consignaron que la Justicia solicitó información vinculada a la adjudicación de la explotación y remodelación del estadio, que había sido otorgada a la sociedad Minella Stadium S.A., integrada por capitales privados, incluido un ex dirigente de fútbol.

Ante esos procedimientos, la oposición en el Concejo Deliberante de Mar del Plata presentó un proyecto para que el gobierno local brinde detalles a la población sobre lo actuado en torno a esa licitación.

Alcances y posibles “salpicaduras” regionales

La causa Sur Finanzas se ha desarrollado principalmente en el ámbito federal y deportivo, con foco en documentación contable, contratos y vínculos institucionales con clubes y la AFA. Sin embargo, moviliza varios actores con potencial relevancia más allá del deporte y de Mar del Plata:

• La investigación incluye denuncias de evasión fiscal por más de $880.000 millones y la supuesta utilización de monotributistas de bajo ingreso para justificar flujos extraordinarios de dinero. 

• Existen causas paralelas que la vinculan a maniobras de blanqueo relacionadas con la causa de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con lo cual la justicia federal mantiene varias líneas de investigación abiertas. 

Aunque por ahora no se han reportado investigaciones concretas con el mismo modus operandi en Balcarce, especialistas y analistas jurídicos han observado que el esquema denunciado —movimientos financieros complejos, contratos y adjudicaciones vinculados a entidades deportivas o privadas que interactúan con fondos públicos o públicos-privados— genera un escenario donde otras jurisdicciones y municipios podrían verse involucrados si surgieran operaciones similares.

Expertos consultados por medios nacionales sostienen que las estructuras financieras que atraviesan clubes, asociaciones y licitaciones públicas o privadas requieren especial atención y controles rígidos, dado que la multiplicidad de actores y la escala de recursos implicados —como en el caso de la adjudicación del Minella— pueden generar situaciones que, por su complejidad, trascienden el ámbito inicial de una causa para impactar en diversas instituciones y gobiernos locales.

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