La política alimentaria escolar en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro del debate luego de que la senadora Natalia Quintana (UCR) presentara iniciativas en la Legislatura para exigir mayor transparencia y advertir sobre la situación del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

En ese marco, la legisladora impulsó un pedido de informes sobre el Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), con el objetivo de conocer su funcionamiento, ejecución presupuestaria y criterios de asignación de recursos.

“Hoy es fundamental revisar su continuidad, su eficiencia y su articulación con otras políticas públicas”, señaló Quintana, al tiempo que advirtió sobre problemas de trazabilidad, demoras logísticas y superposición con otros programas, como el propio SAE.

Falta de actualización y pérdida de calidad

En paralelo, la senadora manifestó su “profunda preocupación” por la situación del SAE, uno de los principales programas alimentarios de la provincia, que asiste a millones de estudiantes en escuelas públicas.

Según explicó, el desfasaje entre inflación y actualización de los valores asignados generó una pérdida del poder adquisitivo, lo que impacta directamente en la calidad y cantidad de las prestaciones.

“No actualizar el SAE en función de la inflación implica, en los hechos, una reducción del servicio”, afirmó.

Impacto en Balcarce

La situación no es ajena a Balcarce, donde el Consejo Escolar es el encargado de implementar el SAE en los establecimientos educativos del distrito.

En ese sentido, el funcionamiento local del programa también se ve condicionado por la falta de actualización de los montos, lo que obliga a ajustar recursos para sostener la prestación alimentaria.

Si bien desde los equipos educativos y el propio Consejo Escolar se realizan esfuerzos para garantizar el servicio, el contexto inflacionario plantea dificultades para mantener la calidad y variedad de los alimentos que reciben los alumnos.

Reclamo por una revisión integral

Finalmente, Quintana planteó la necesidad de avanzar en una revisión integral de la política alimentaria escolar, fortaleciendo programas como el SAE y mejorando los mecanismos de control y transparencia.

“Garantizar una alimentación adecuada no es solo una cuestión asistencial, es una política central para el desarrollo, la salud y el aprendizaje de nuestros chicos”, concluyó.