Durante su presentación en "Polémica en GABAL", Walter Martínez Soto, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, se refirió a los jóvenes y al sistema penal como adoctrinamiento para frenar los hechos de violencia. El fiscal, planteó que los conflictos sociales no pueden resolverse únicamente a través de sanciones. Para el funcionario, el sistema judicial interviene cuando se producen determinadas situaciones, pero no reemplaza el trabajo educativo que deben desarrollar las familias y la sociedad.
“Muchas veces lo que se busca precisamente es recomponer el tejido, este entramado interpersonal, para que el otro no tenga sentido de aplicación”, explicó al referirse a la importancia de recomponer los vínculos entre las personas.
En esa línea, fue contundente sobre los alcances de la Justicia: “El Poder Judicial y el derecho penal están, pero no es el que te va a educar. Te va a educar precisamente el diálogo, la palabra y comprender al otro, ser empático; eso es lo que nos va a construir como sociedad”.
Martínez Soto consideró que la sanción no siempre produce el aprendizaje que se espera. Por eso, planteó que la respuesta ante un conflicto debe contemplar las relaciones entre las personas involucradas y las posibilidades de recomponerlas, en lugar de centrarse exclusivamente en el castigo.
El fiscal también vinculó la educación con la inclusión. Al repasar su experiencia escolar, cuestionó los modelos que reconocen principalmente a quienes se destacan en determinadas materias y dejan en un segundo plano otras capacidades.
En ese sentido, defendió una educación que contemple las habilidades y competencias de cada estudiante. Consideró que el sistema debe encontrar un equilibrio entre las normas y la inclusión, sin caer en modelos excesivamente rígidos ni en la ausencia de límites.
Por otra parte, Martínez Soto se refirió a la relación entre la Justicia y la sociedad. Reconoció que existen cuestionamientos sobre las resoluciones judiciales y afirmó que los integrantes del Poder Judicial deben explicar sus decisiones.
“Yo me hago cargo de las cosas que dicen de la Justicia, sin duda, y me hago cargo de mi trabajo”, expresó. También señaló que no siempre las pruebas disponibles permiten llegar a una respuesta tan lineal como la que puede imaginarse a partir de la información que circula públicamente.
Para el fiscal, la falta de explicaciones puede afectar la legitimidad de la institución. “No hace bien a veces que la Justicia no dé explicaciones porque hace que otros hablen y obviamente te va minando la legitimidad”, sostuvo.
Martínez Soto planteó que el desafío pasa por acercar el funcionamiento judicial a la comunidad y explicar por qué se toman determinadas decisiones, incluso cuando no coinciden con las expectativas de todos. A su entender, la educación y la inclusión social son parte central de una respuesta más amplia a los conflictos de convivencia.
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