La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley que busca incorporar al Código Penal nuevas figuras vinculadas al vandalismo rural, con penas que podrían alcanzar los 10 años de prisión. La iniciativa representa un avance de especial interés para Balcarce, un distrito donde la actividad agropecuaria ocupa un lugar fundamental en la economía local.

El proyecto recibió 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, y apunta a establecer sanciones específicas para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales o provoquen daños en instalaciones, cultivos y otros elementos utilizados en la producción.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) celebraron la aprobación y destacaron la necesidad de contar con herramientas legales que permitan proteger a los productores y sus familias.

En ese sentido, la entidad expresó que “la destrucción de cultivos, silobolsas, alambrados e instalaciones productivas provoca pérdidas económicas y atenta contra meses de trabajo e inversión”.

En Balcarce, donde numerosos establecimientos se dedican a la agricultura, la ganadería y otras actividades vinculadas con el sector, la propuesta adquiere relevancia por la protección que busca brindar tanto a los bienes productivos como a quienes viven y trabajan en el ámbito rural.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de la violación de domicilio rural, que establece penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen a un establecimiento sin autorización de sus responsables.

La sanción podría elevarse hasta los dos años cuando el ingreso obstaculice considerablemente la actividad productiva o genere un peligro concreto para las personas, los animales o los cultivos.

Por otra parte, el proyecto contempla penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño ocasionado para quienes destruyan silobolsas u otros productos que formen parte del proceso agropecuario.

La pena máxima podría alcanzar los 10 años de cárcel cuando el hecho sea cometido por tres o más personas de manera coordinada y provoque la pérdida total de la producción o impida la continuidad de la actividad, su transporte o comercialización.

CARBAP también hizo hincapié en la protección de las familias rurales al señalar que “el campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito: detrás de cada tranquera hay personas, familias y bienes que deben ser respetados”.

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