El Gobierno nacional otorgó a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios, en el marco de una política de descentralización de la infraestructura vial.

La medida fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, y permite a las jurisdicciones otorgar concesiones de obra pública con cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos.

Las provincias alcanzadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, que podrán avanzar en tareas de administración, reparación y conservación de las rutas.

El decreto aclara que esta delegación de facultades es “funcional, limitada, temporal y revocable”, y que en ningún caso implica la transferencia de la titularidad de las rutas. En ese sentido, el Estado nacional mantiene la propiedad y la jurisdicción federal sobre los corredores viales.

Además, se establece que los contratos de concesión no podrán superar los 30 años desde su aprobación.

Para implementar el esquema, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se detallarán los tramos involucrados y los planes de obra correspondientes.

La normativa también fija que los procesos deberán garantizar criterios de transparencia, competencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.

El Ministerio de Economía de la Nación será la autoridad de aplicación, mientras que Vialidad Nacional tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de los contratos.

Por último, se establece que si una provincia no convoca a licitación dentro del plazo de un año desde la firma del convenio, la delegación quedará sin efecto para ese tramo vial.