El Ministerio de Capital Humano realizó inspecciones durante el paro docente en la provincia de Buenos Aires y registró establecimientos cerrados, ausentismo y dificultades para ingresar a algunos colegios. La medida podría derivar en sanciones administrativas contra los sindicatos involucrados.

Según los datos preliminares difundidos este jueves, el operativo había reunido 128 actas hasta las 11. De los establecimientos relevados, 61 estaban cerrados, mientras que en otros 20 se impidió el ingreso de los inspectores. Además, el ausentismo por establecimiento alcanzó el 83,1% y apenas el 8,4% de las instituciones funcionaba con normalidad.

La fiscalización fue impulsada por la cartera que conduce Sandra Pettovello, que busca determinar si durante la jornada de protesta se incumplió la obligación de garantizar una prestación mínima del servicio educativo.

El procedimiento alcanza inicialmente a las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Entre ellas se encuentran SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), UDOCBA y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

También se analizará la participación de CTERA, que acompañó la medida de fuerza. La responsabilidad de cada entidad se determinará a partir de las actas y de la documentación reunida durante las inspecciones.

Desde el Ministerio de Capital Humano anticiparon que iniciarán un proceso sancionatorio, aunque todavía no se establecieron multas ni otras penalidades específicas. Las medidas dependerán de los resultados finales del relevamiento y de los eventuales incumplimientos que puedan acreditarse.

El Ejecutivo fundamenta su intervención en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que incorporó a la educación entre los servicios esenciales y estableció la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% durante las medidas de fuerza.

La aplicación de esas disposiciones estuvo atravesada por planteos judiciales y resoluciones cautelares. Por eso, el alcance de la normativa y su aplicación al conflicto forman parte del contexto legal en el que se desarrollará el procedimiento administrativo.

La huelga de 24 horas se realizó en reclamo de una recomposición salarial, la reapertura de las negociaciones paritarias, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria a la paritaria nacional, entre otras demandas vinculadas con el financiamiento educativo y las condiciones laborales.

La protesta coincidió con una jornada nacional de movilizaciones educativas y con la quinta Marcha Federal Universitaria, aunque el procedimiento anunciado por Capital Humano se concentra en el funcionamiento de las escuelas bonaerenses durante el paro.

Mientras continúan las inspecciones, el Gobierno deberá consolidar los registros e identificar las responsabilidades correspondientes a cada organización. Los resultados determinarán el alcance de los expedientes y las posibles sanciones administrativas.

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