Diputados bonaerenses de La Libertad Avanza en las últimas horas presentaron un proyecto de ley para desregular el mercado inmobiliario en la provincia gracias a la eliminación de “restricciones al ejercicio de la intermediación de la compraventa de inmuebles”, con la que le quitarán la exclusividad del trámite a los martilleros y corredores públicos.
En línea con la iniciativa que ultima el Gobierno nacional para enviar al Congreso, el proyecto impulsado por el diputado bonaerense Juan Osaba, y que lleva la firma de otros ocho legisladores del bloque, busca instaurar el principio de autonomía de la voluntad en la fijación de honorarios y comisiones.
En ese sentido, el proyecto ingresado a la Cámara baja busca modificar los artículos de la Ley Provincial N°10.973 que regulan la profesión de los martilleros y corredores públicos. De esta manera, el bloque libertario apuntan a que la intermediación, corretaje y conclusión de contratos de compraventas de inmuebles pueda ser ejercida por “personas humanas o jurídicas no matriculadas”.
“Bajo esta propuesta, se reconoce que las funciones de control legal y técnico tradicionalmente asignadas a la figura del martillero se encuentran plenamente garantizadas y suplidas por la intervención de abogados y escribanos”, puntualizó Osaba en los fundamentos del texto.
De acuerdo a la legislación actual, la persona que sin ser martillero o corredor público realice operaciones inmobiliarias, participe y/o facilite la realización por otros de los funciones o actividades reservadas a los profesionales, será multada con “hasta el duplo de los honorarios percibidos”. A contramano, la iniciativa libertaria propone excluir de las infracciones a toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer título habilitante.
“Al imponer un monopolio de intermediación basado en una matrícula, para tareas que son esencialmente comerciales, el Estado Provincial excede su poder de policía, transformando una regulación profesional en una barrera que impide a los ciudadanos elegir libremente quién los asiste en la disposición de sus bienes. La sociedad civil se ve privada de ejercer una actividad económica legítima por el solo hecho de no pertenecer a una corporación profesional”, cuestionó Osaba.
Por último, el articulado del proyecto designa al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense como autoridad de aplicación, quien estará encargada de dictar las normas complementarias para la implementación de la libre intermediación inmobiliaria en el territorio provincialç
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