El conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema jubilatorio bonaerense sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que fracasara una nueva audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia para intentar acercar posiciones entre ambas partes.
La administración de Axel Kicillof reclama una deuda que asciende a $2,3 billones, originada por la suspensión de las transferencias que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizaba al Instituto de Previsión Social (IPS), la caja jubilatoria de los trabajadores estatales bonaerenses.
La audiencia realizada en el máximo tribunal fue la tercera desde el inicio de la controversia. Sin embargo, según denunció el Gobierno provincial, la Nación no presentó ninguna propuesta concreta para saldar la deuda, pese a que se había comprometido a hacerlo durante el encuentro anterior, celebrado el 21 de abril.
Al término de la reunión, Kicillof manifestó su malestar por la falta de avances y anunció que la Provincia abandonará la instancia de negociación para avanzar judicialmente.
“Dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar”, afirmó el mandatario bonaerense al salir de la Corte Suprema.
De acuerdo con lo expresado por el gobernador, los representantes del Gobierno nacional argumentaron que todavía deben completar una serie de trabajos técnicos antes de formular una propuesta de pago.
La disputa se remonta a 2024, cuando un decreto firmado por el presidente Javier Milei interrumpió los adelantos que ANSES giraba a las provincias con cajas jubilatorias propias para compensar sus déficits previsionales. Buenos Aires sostiene que desde entonces dejó de recibir fondos que corresponden por ley.
Kicillof también señaló que otras jurisdicciones ya comenzaron a recibir transferencias, mientras que Buenos Aires continúa sin percibir esos recursos.
“Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, cuestionó el gobernador.
Con la decisión de recurrir a una medida cautelar, la Provincia buscará que la Justicia ordene al Estado nacional restablecer las transferencias mientras se resuelve el fondo de la controversia, en una disputa que involucra uno de los reclamos económicos más importantes que mantiene actualmente la administración bonaerense frente a la Casa Rosada.
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