Más previsiones: Tiempo en 25 días

Una serie de negociaciones de último momento permitió al Gobierno evitar que la reforma laboral naufragara antes de llegar al recinto del Senado. En un clima de máxima tensión política, la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, encabezó gestiones clave que derivaron en la obtención del dictamen, aunque el debate en sesión fue postergado para el mes de febrero.

Finalmente, la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei obtuvo despacho favorable en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, pero no será tratada en el recinto hasta el 10 de febrero. La confirmación fue realizada por la propia Bullrich ante el plenario de comisiones, una vez concluidas las exposiciones de invitados que, durante dos jornadas, formularon observaciones y críticas al proyecto. En ese período, el oficialismo continuará recibiendo propuestas de modificaciones con el objetivo de ampliar los consensos.

La decisión de demorar el tratamiento respondió menos al contenido puntual del dictamen —que ya incorporó cambios respecto del texto original enviado por el Ejecutivo— que al impacto político generado en Diputados durante la aprobación del Presupuesto 2026. Allí, el oficialismo acordó con el kirchnerismo la designación de tres miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que tensó fuertemente la relación con los bloques dialoguistas del Senado, en especial con el PRO.

Se había perdido la confianza”, reconoció un legislador involucrado en las negociaciones, según publicó el diario La Nación. En el mismo sentido, una funcionaria de la Cámara alta apuntó contra la conducción libertaria al señalar que “los Menem detonaron todo”, en referencia a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y a Eduardo “Lule” Menem, funcionario del entorno de Karina Milei.

Cabe recordar que el Presupuesto 2026 fue aprobado en Diputados sin el capítulo XI, donde el oficialismo había incluido la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, previamente vetadas por el Poder Ejecutivo y luego ratificadas por el Congreso, en una dura derrota legislativa para el Gobierno.

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