La Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a 536 prácticos a retomar de manera inmediata sus tareas en la Hidrovía, ante el impacto que genera la medida de fuerza sobre el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y otras mercaderías.

La notificación fue realizada de manera individual a los especialistas encargados de maniobrar los buques en ríos, pasos y canales, a quienes se les solicitó que se pongan a disposición del servicio regular con carácter urgente.

Desde la Prefectura, en su rol de organismo de fiscalización operativa y disciplinaria, advirtieron que la continuidad del paro podría derivar en la apertura de sumarios administrativos y denuncias penales, en el marco de las normas del Código Penal que contemplan sanciones para quienes entorpezcan el transporte por agua o pongan en riesgo la seguridad de la navegación.

Según la advertencia oficial, las penas previstas para algunas de esas conductas pueden alcanzar hasta ocho años de prisión.

El conflicto se originó a partir de cambios implementados por el Gobierno nacional en la regulación de la actividad. Entre las modificaciones se encuentra la eliminación de la segmentación por tramos geográficos, que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido, además de una mayor flexibilidad en los traslados del personal y la ampliación de las excepciones de contratación para determinados buques.

Frente a estos cambios, las organizaciones que representan a los prácticos resolvieron mantener la suspensión total de tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta que el Gobierno deje sin efecto o suspenda el decreto que modificó las condiciones de la actividad.

La medida de fuerza mantiene afectado el movimiento de la Hidrovía, una vía estratégica para el comercio exterior argentino, y profundizó la preocupación por el impacto económico que podría generar la paralización del transporte fluvial.

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