El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue citado a declaración indagatoria en la causa que investiga un presunto esquema de coimas, sobreprecios y direccionamiento de contrataciones dentro del organismo, especialmente en la provisión de medicamentos destinados a beneficiarios del Programa Incluir Salud.
La convocatoria se produjo tras el levantamiento del secreto de sumario y luego de que el fiscal federal Franco Picardi considerara alcanzado el estándar de sospecha requerido por el artículo 294 del Código Procesal Penal. Además de Spagnuolo, fueron llamados otros 14 imputados, entre exfuncionarios y representantes del sector privado vinculados a droguerías e insumos de alto costo.
Presuntas maniobras y origen de la causa
La investigación se inició tras la difusión de audios en los que se escucharía a una voz atribuida a Spagnuolo describir un mecanismo de retornos del 3% en compras de medicamentos. En esos registros, publicados en agosto por un medio digital, también se mencionaba a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem, aunque ninguno fue imputado. Tras el episodio, el presidente Javier Milei dispuso la remoción de Spagnuolo por decreto.
La defensa del exfuncionario, encabezada por Mauricio D’Alessandro, sostiene que los audios podrían haber sido generados o manipulados mediante inteligencia artificial. Según su planteo, Spagnuolo niega haber mantenido esas conversaciones y no reconoce los fragmentos difundidos. El equipo legal anticipó que solicitará una pericia técnica sobre el material.
Sin embargo, el fiscal Picardi remarcó que la estructura investigada no se limita a esas grabaciones. De acuerdo con fuentes judiciales, existiría también material audiovisual adicional e indicios de un circuito “estructurado y sostenido” de direccionamiento de compras utilizando el sistema informático SIIPFIS como fachada de transparencia. Entre los citados figura también el ex número dos de la agencia, Daniel Garbellini, señalado por haber articulado un esquema paralelo de pedidos de coimas.
La causa abarca presuntos acuerdos ilegales con droguerías para asegurar adjudicaciones, fijar precios por encima del valor real y garantizar pagos indebidos a cambio de contratos. Las maniobras, según la investigación, habrían afectado de manera directa al Estado y a personas con discapacidad que dependen de prestaciones de alto costo, en su mayoría beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura médica.
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