Amnistía Internacional concluyó que las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la represión del levantamiento “Mujer, Vida, Libertad”, iniciado en septiembre de 2022 tras la muerte bajo custodia de Zhina Mahsa Amini. La organización pidió investigar penalmente a 87 altos funcionarios y mandos de las fuerzas de seguridad por su presunta responsabilidad en los hechos.
El informe, de más de 1.000 páginas, fue elaborado a partir de 270 entrevistas y del análisis de más de 2.000 videos y documentos oficiales, incluidos materiales filtrados.
Según Amnistía, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Revolucionaria iraní y la Jefatura de Policía, asesinaron a cientos de manifestantes y transeúntes, entre ellos niños y niñas. La investigación también documentó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual.
El levantamiento comenzó el 16 de septiembre de 2022, después de la muerte de Amini, una joven kurda de 22 años detenida por la denominada policía de la moral. Las protestas se extendieron por distintas ciudades del país y reclamaron mayores libertades y el fin de la represión.
Uno de los episodios analizados ocurrió el 30 de septiembre de 2022 en Zahedán, en la provincia de Sistán y Baluchistán. Amnistía sostiene que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra personas que se encontraban en la zona y que 87 personas murieron durante aquella jornada, conocida como el “viernes sangriento”.
El informe también presenta documentos oficiales que, según la organización, permiten reconstruir una cadena de mando vinculada con la respuesta represiva. Entre ellos figura una orden del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas emitida el 21 de septiembre de 2022, destinada a mandos policiales de distintas regiones.
Amnistía señala además que las comunidades kurda y baluchi sufrieron la represión de manera desproporcionada. La organización registró 106 víctimas baluchis, entre ellas 20 menores, y 95 víctimas kurdas, incluidos 13 niños y adolescentes.
La investigación documentó asimismo 16 casos de violación durante las detenciones vinculadas con las protestas y otros 29 episodios de violencia sexual. Los testimonios recogidos incluyen denuncias de abusos físicos, desnudez forzada, agresiones contra los genitales, descargas eléctricas y amenazas contra detenidos y sus familiares.
A partir de estos patrones, Amnistía considera que existen elementos para investigar posibles crímenes de lesa humanidad, incluidos homicidios, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual.
La organización identificó a 87 altos funcionarios y mandos de seguridad que, según sus conclusiones, deberían ser investigados por responsabilidad de mando, complicidad o inducción. Entre los nombres mencionados figuran Ali Khamenei, Mohammad Bagheri, Hossein Salami, Ahmad Vahidi y Majid Mirahmadi.
Amnistía también reclamó la creación de un mecanismo internacional de justicia penal para investigar los crímenes cometidos en Irán y pidió a distintos países que utilicen el principio de jurisdicción universal para avanzar contra los funcionarios señalados.
El informe sostiene que la falta de investigaciones y sanciones por la represión de 2022 mantiene un escenario de impunidad y advierte que la ausencia de rendición de cuentas puede favorecer la repetición de abusos durante futuras protestas.
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