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La Fiscalía de España presentó una denuncia judicial contra TikTok por la presunta difusión, comercialización y recomendación de material de abuso sexual infantil dentro de la plataforma. Además, solicitó la retirada urgente e inmediata de los contenidos identificados y la apertura de una investigación para determinar las posibles responsabilidades.

La presentación fue realizada por la fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, ante los juzgados de Madrid y está dirigida contra TikTok Technologies Spain SL, filial española de la compañía china ByteDance. El Ministerio Público también pidió que las actuaciones permanezcan bajo secreto mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Una investigación detectó más de mil videos y 48 millones de visualizaciones

El caso se originó a partir de una investigación de la organización Maldita.es, que durante 35 días, entre septiembre y octubre de 2026, identificó más de mil videos explícitos de abuso sexual infantil que acumularon aproximadamente 48 millones de visualizaciones.

El informe también detectó más de 20.000 perfiles de potenciales pederastas, incluidos más de 7.000 usuarios de habla hispana, y una comunidad de alrededor de 2.000 cuentas que buscaban material relacionado con bebés.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran las fallas en los mecanismos de búsqueda y moderación, así como la presunta recomendación de estos contenidos mediante el algoritmo de la plataforma. La investigación también documentó 91 transmisiones en directo protagonizadas por menores en 17 países, en las que se les solicitaban acciones de carácter sexual a cambio de dinero o regalos virtuales.

Según Maldita.es, TikTok retiró apenas el 10% del material denunciado, mientras que el 59% de las cuentas analizadas permanecieron activas.

El Gobierno español analiza posibles medidas contra la plataforma

Tras conocerse los resultados de la investigación, el Ministerio de Juventud e Infancia solicitó la intervención de la Fiscalía, reclamó una reunión urgente con los responsables de TikTok y planteó la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España si las circunstancias lo justificaban.

Por su parte, TikTok sostuvo que este tipo de publicaciones están categóricamente prohibidas, aseguró que trabaja para eliminarlas y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y los organismos de protección de datos.

El caso también se desarrolla bajo el escrutinio de las instituciones europeas, en el marco de las obligaciones establecidas por la Ley de Servicios Digitales (DSA), que exige a las grandes plataformas reforzar sus mecanismos de prevención y respuesta frente a contenidos ilegales.

La investigación judicial buscará establecer el alcance de las irregularidades denunciadas y determinar si existieron responsabilidades penales vinculadas con la circulación y recomendación de este material.

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