El gobierno interino de Venezuela lleva dos semanas sin actualizar las cifras oficiales relacionadas con los terremotos registrados el 24 de junio. El último informe fue difundido el 24 de agosto y señaló que 6.509 personas habían muerto, mientras que 6.462 fueron rescatadas y 226.696 recibieron atención en hospitales.
La falta de nuevos datos genera preocupación entre organizaciones de la sociedad civil, especialmente porque las autoridades modificaron tanto la frecuencia como el contenido de los informes oficiales.
Después del doble terremoto, el gobierno de Delcy Rodríguez comenzó a publicar balances diarios sobre las consecuencias de la tragedia. Sin embargo, tras algunos días sin emitir información, los reportes comenzaron a difundirse con una periodicidad semanal.
Los cambios no se limitaron a la frecuencia. Los informes también dejaron de incluir varios de los indicadores que aparecían en los primeros comunicados, entre ellos las cifras de heridos, familias asistidas, personas alojadas en campamentos temporales, damnificados, efectivos desplegados y edificios afectados o completamente destruidos.
También desapareció de los balances la información sobre la cantidad de réplicas registradas después de los movimientos principales.
Los últimos informes se limitaron principalmente a consignar el número de viviendas evaluadas, las unidades entregadas y el volumen de escombros retirados. Según el último balance disponible, hasta el 24 de agosto se habían recogido más de 600.000 toneladas de escombros.
La situación continúa siendo especialmente delicada en el estado de La Guaira, declarado zona de desastre, donde familiares de las víctimas siguen buscando a sus seres queridos entre las estructuras destruidas.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la cantidad de desaparecidos. La organización Provea señaló que el Estado venezolano no actualiza esa cifra desde el 25 de junio, cuando las autoridades informaron que había 157 personas cuyo paradero se desconocía.
Distintas iniciativas ciudadanas denunciaron posteriormente un número mayor de personas desaparecidas, aunque no existe un registro público que permita verificar esas denuncias.
Desde Provea reclamaron al Estado venezolano que actualice y publique de manera permanente las cifras de fallecidos y desaparecidos. La organización remarcó que disponer de información precisa resulta fundamental durante una emergencia y constituye una obligación de las autoridades.
El pedido de transparencia también alcanza a la ayuda humanitaria. Quince organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron al Departamento de Estado de Estados Unidos que utilice su intermediación ante el gobierno venezolano para garantizar información pública sobre la asistencia recibida.
Las entidades reclamaron que se informe periódicamente qué ayuda fue recibida, cuál fue su origen y destino, quiénes son los beneficiarios previstos y qué organismos o funcionarios están a cargo de su recepción, asignación y distribución.
Mientras las cifras oficiales permanecen sin modificaciones desde el 24 de agosto, las consecuencias del desastre continúan en las zonas afectadas y numerosas familias siguen esperando respuestas sobre el destino de sus seres queridos.
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