El Gobierno nacional dispuso que las obras destinadas a expandir la red eléctrica nacional se ejecuten bajo el régimen de concesión de obra pública, con financiación del sector privado, a través del Decreto 921/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La normativa establece que las obras prioritarias del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica se realizarán mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, en el marco de la Ley de Concesión de Obra.
Desde el Ejecutivo explicaron que “este esquema permite que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica”.
Asimismo, indicaron que “el plan tiene como objetivo mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo”.
En ese sentido, señalaron que “se trata de una condición indispensable para mejorar la confiabilidad del sistema, acompañar el crecimiento de la demanda y permitir el desarrollo de nueva generación”.
La decisión se enmarca en la emergencia del Sector Energético Nacional, prorrogada hasta julio de 2026, y responde a la necesidad de cubrir las inversiones requeridas para asegurar la prestación continua de los servicios de transporte, en condiciones técnicas y económicas adecuadas.
Desde la administración de Javier Milei destacaron que la medida “avanza en la normalización del sector eléctrico, crea las condiciones para destrabar inversiones largamente postergadas y fortalece un sistema de transporte clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país”.
La norma delega en la Secretaría de Energía la ejecución del proceso licitatorio, que incluye la aprobación de pliegos, la convocatoria, la evaluación de ofertas y la adjudicación de contratos, mientras que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control.
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