El Gobierno nacional encabezado por Javier Milei dispuso la derogación del régimen vigente desde 2012 para el análisis de patentes de medicamentos y estableció un nuevo esquema que delega en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la evaluación individual de cada solicitud.
La medida se formalizó a través de una resolución conjunta firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del INPI, Carlos María Gallo, que dejó sin efecto la normativa previa del kirchnerismo que fijaba pautas técnicas específicas para la aprobación de patentes farmacéuticas.
A partir de ahora, “el INPI determinará en cada caso la procedencia de la patentabilidad de las invenciones”, según lo publicado en el Boletín Oficial. El cambio, indicaron, busca “promover la innovación e incrementar la disponibilidad de nuevos productos”, además de aportar mayor previsibilidad jurídica al sector.
Uno de los ejes centrales de la resolución es la implementación de un esquema transitorio. En ese marco, se establece que las nuevas patentes no podrán bloquear la comercialización de medicamentos que ya se encuentren en el mercado al momento de entrada en vigencia de la norma.
En esos casos, la disposición aclara que los titulares de las patentes “no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución”, con el objetivo de evitar conflictos con productos ya disponibles y resguardar el acceso.
Desde el Gobierno explicaron que la derogación podría habilitar la concesión de patentes sobre productos actualmente comercializados, motivo por el cual se incorporó esta excepción para preservar la competencia.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida al señalar: “Representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país. Aquella resolución había hecho muy difícil obtener la patente de un medicamento en Argentina”.
Además, sostuvo: “Esto no solo era un atentado contra el derecho de propiedad, sino que demoraba la llegada de terapias innovadoras al país”.
El funcionario explicó que el INPI analizará las solicitudes “sin restricciones adicionales que no existen en ningún país del mundo”, y remarcó que los medicamentos ya disponibles no se verán afectados.
Por último, Sturzenegger vinculó la decisión con la política exterior: “Con la derogación Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual, incluyendo Estados Unidos.
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