En el marco del plan para desprenderse de la mayor cantidad de los servicios que hasta el momento están en manos del Estado, el Gobierno anunciará en las próximas horas que se privatizará el sistema de la Hidrovía, que involucra a siete provincias y 79 puertos, por donde circula el 80% del comercio exterior argentino.

Se firmará una Resolución que será publicado en los siguientes días y a través del cual se llamará a licitación nacional e internacional para ofrecer la concesión de la ruta navegable por 30 años.

Las autoridades nacionales recibirán ofertas hasta el 29 de enero del 2025, fecha en la cual también se anunciará al ganador del pliego, aunque ya habría propuestas de al menos seis compañías, principalmente de China, Bélgica y Holanda.

El Poder Ejecutivo espera, con esta iniciativa, dejar de gastar cerca de 200 millones de dólares que destina hoy como presupuesto total a esta red, que a principios de año tenía un déficit operativo acumulado de USD 90 millones.

El proceso será llevado adelante por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a cargo actualmente de Iñaki Arreseygor, que será también la que fijará las pautas que deberá cumplir la firma que salga adjudicada.

Puntualmente, el acuerdo implica “la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico.

Las autoridades nacionales detallaron que, entre otras medidas, se sumarán bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques, además de que se renovará totalmente la señalización, generando una navegación más segura, y se aumentarán las instancias de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Sobre este último punto, la compañía elegida estará obligada a implementar un sistema de “iluminación” de la vía, mediante drones y comunicación satelital, para hacer seguimiento de todos los barcos que circulan por allí. También se harán cargo de los costos de las inspecciones, que seguirán en manos del Gobierno.

”Esto es a riesgo empresarial, si la empresa hace bien las cosas y gana dinero cobrándoles el peaje a los navíos, buenísimo, de lo contrario, las compañías saben que tienen que toman el riesgo. Pero entendemos que es un negocio único para ellos”, explicó una fuente al tanto de las negociaciones.

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