La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sumó este miércoles al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, a una reunión de la mesa política del Gobierno. El encuentro sirvió para establecer una nueva dinámica respecto de las iniciativas que impulsa el funcionario.

Si bien Sturzenegger no integra formalmente la mesa política, participó como invitado luego de los tropiezos que tuvo el oficialismo la semana pasada con algunas propuestas vinculadas a su área, entre ellas la desregulación del practicaje y los capítulos que no prosperaron de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

A partir de ahora, los proyectos impulsados por el ministro deberán pasar por una evaluación política previa para determinar si cuentan con las condiciones necesarias para avanzar.

Esto representa un cambio respecto de la modalidad que se venía utilizando. Sturzenegger mantiene una relación directa con el presidente Javier Milei y algunas medidas avanzaban prácticamente con el visto bueno presidencial. Ahora se analizarán también otros factores antes de llevarlas adelante.

El nuevo “filtro” político tendrá en cuenta, entre otros puntos, los respaldos disponibles en el Congreso y el posible impacto de cada iniciativa en la relación del Gobierno nacional con los gobernadores.

En este esquema tendrán un papel importante Karina Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli, quien mantiene conversaciones con los mandatarios provinciales por diferentes temas de la agenda parlamentaria.

Desde la Casa Rosada consideran que lo ocurrido con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no significó una ruptura con los sectores aliados, aunque sí funcionó como una señal de los límites que puede encontrar el oficialismo para conseguir determinados apoyos.

De la mesa política también participan Ignacio Devitt, Santiago Caputo, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Fabián Fernández y Eduardo “Lule” Menem.

De esta manera, Sturzenegger mantiene el respaldo del Presidente, pero sus próximas iniciativas deberán superar primero una evaluación política antes de transformarse en una prioridad para el Ejecutivo.

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