La Fiscalía presentó este jueves sus alegatos finales en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y reclamó penas de prisión para seis de los siete acusados por el fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.
Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren sostuvieron que existió una atención médica deficiente durante la internación domiciliaria de Maradona y que varios de los profesionales que estaban a cargo incrementaron los riesgos para su salud.
El pedido más elevado fue para el neurocirujano Leopoldo Luque, considerado por la Fiscalía uno de los principales responsables. Solicitaron 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina.
Para Nancy Forlini, coordinadora de la empresa de medicina prepaga, reclamaron 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional, mientras que para la psiquiatra Agustina Cosachov solicitaron 8 años de cárcel y 10 años de inhabilitación.
En tanto, la Fiscalía pidió 5 años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz, con una inhabilitación para ejercer por el doble del tiempo de la condena. Para el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, solicitó 4 años de prisión e inhabilitación por el mismo período.
La acusación distinguió entre los distintos niveles de responsabilidad. Ferrari sostuvo que Luque, Forlini y Cosachov actuaron con conocimiento del riesgo y con indiferencia frente a sus posibles consecuencias, por lo que mantuvo para ellos la acusación por homicidio simple con dolo eventual.
En cambio, respecto de Díaz, Perroni y Almirón, la Fiscalía consideró que durante el juicio no se logró demostrar esa indiferencia, aunque sí una serie de conductas negligentes que, según los fiscales, configuran el delito de homicidio culposo.
Uno de los momentos destacados del alegato fue la decisión de retirar los cargos contra el médico clínico interconsultor Pedro Di Spagna.
Ferrari explicó que, tras analizar la prueba presentada durante el debate, la Fiscalía concluyó que Di Spagna no tenía responsabilidad penal en la muerte de Maradona. Según sostuvo, el médico no tenía capacidad de decisión sobre la atención integral del paciente y ninguna de sus acciones u omisiones incrementó el riesgo.
Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal solicitó su absolución.
Durante su exposición, los fiscales cuestionaron duramente las condiciones en las que Maradona fue trasladado a una vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, para continuar su recuperación.
Ferrari sostuvo que la casa no contaba con elementos esenciales para atender a un paciente con la complejidad médica de Maradona y señaló la ausencia de equipamiento como una cama ortopédica, desfibrilador, botiquín y otros recursos.
La Fiscalía también cuestionó la coordinación entre los profesionales y afirmó que existieron fallas en la comunicación, controles insuficientes y registros que no reflejaban adecuadamente el estado del paciente.
Según la acusación, Maradona presentaba antecedentes cardíacos, hepáticos, renales y neurológicos que requerían una atención integral. Los fiscales señalaron que su deterioro se había manifestado progresivamente y que su muerte no fue un episodio repentino.Durante los alegatos, Ferrari calificó el desenlace como una “muerte anunciada” y sostuvo que la situación del exfutbolista se agravó durante los últimos días de su internación domiciliaria.
Los fiscales también exhibieron elementos de la investigación, incluidos mensajes y audios, para respaldar su reconstrucción de los hechos y sus acusaciones contra los profesionales.
La Fiscalía remarcó que, a su entender, la atención recibida por Maradona no cumplió con las condiciones necesarias para preservar su vida y que las omisiones de los distintos integrantes del equipo médico contribuyeron al desenlace fatal.
A pesar de solicitar penas de prisión, Ferrari aclaró que la Fiscalía no pedirá la detención inmediata de los imputados.
El fiscal argumentó que todos permanecieron a disposición de la Justicia durante el proceso y que no existen elementos que permitan presumir un riesgo concreto de fuga.
Sin embargo, solicitó que se mantenga la prohibición de salida del país y que, en caso de una eventual condena, los acusados entreguen sus pasaportes. También pidió controles periódicos ante la Justicia y restricciones para ausentarse de sus domicilios.
Ahora será el turno de las defensas de los acusados, que expondrán sus propios alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. Luego, los jueces deberán analizar la prueba y determinar si corresponde condenar o absolver a los imputados.
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