La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso medidas de prueba preliminares para esclarecer las circunstancias en las que el senador brasileño Flávio Bolsonaro salió de Argentina rumbo a Estados Unidos. La investigación busca determinar si hubo irregularidades o una eventual intervención de funcionarios argentinos en el procedimiento.
Entre las medidas solicitadas por la fiscal Paloma Ochoa se encuentra la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú correspondientes al 27 y 28 de octubre. Además, se requirió información sobre posibles alertas o comunicaciones oficiales enviadas desde Brasil acerca de la situación judicial del dirigente.
La Justicia también pidió a la Dirección Nacional de Migraciones un detalle de los controles realizados sobre el avión privado y sus pasajeros. Según la denuncia, Bolsonaro viajó a Miami junto a su esposa y sus dos hijas, luego de ingresar al país por Puerto Iguazú.
La denuncia contra Javier Milei y otros funcionarios
Las medidas se enmarcan en una denuncia presentada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios. La presentación solicita investigar posibles delitos como encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.
El denunciante sostuvo que las autoridades argentinas debían conocer la situación judicial de Bolsonaro y verificar si existían restricciones o requerimientos que pudieran afectar su salida del territorio nacional.
Según la presentación, el dirigente brasileño habría partido desde Puerto Iguazú a las 23.30 del 27 de octubre en un vuelo privado de la empresa Baires Fly. Solano pidió determinar si los organismos competentes contaban con información previa y si se cumplieron los procedimientos de control y cooperación internacional.
La investigación se encuentra en una etapa preliminar
La decisión de Capuchetti apunta a preservar documentación y reunir elementos antes de resolver si corresponde impulsar formalmente la investigación. Por el momento, las medidas ordenadas no implican una determinación judicial sobre la existencia de delitos ni sobre la responsabilidad de los funcionarios denunciados.
En paralelo, la fiscalía de Puerto Iguazú también solicitó medidas de prueba tras recibir una denuncia similar presentada por la diputada Marcela Pagano.
El avance de las actuaciones permitirá establecer qué información tenían las autoridades argentinas sobre la situación de Flávio Bolsonaro y si se produjeron irregularidades durante su ingreso y posterior salida del país.
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