El Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, lo que implica que la iniciativa fue aprobada por una de las cámaras del Congreso, aunque todavía no tiene validez legal, ya que deberá ser debatida y aprobada también por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
La propuesta modifica aspectos centrales de la normativa sancionada en 2010, considerada una de las principales herramientas de protección ambiental en zonas cordilleranas, especialmente en lo relacionado con las actividades extractivas y la preservación de reservas estratégicas de agua.
Uno de los puntos principales del proyecto es la redefinición del alcance de las áreas protegidas, dado que la legislación vigente prohíbe actividades como la minería y la explotación hidrocarburífera tanto en glaciares como en amplias zonas periglaciares.
Entre los cambios más relevantes, la reforma establece la reducción del área protegida, ya que no toda zona periglaciar quedaría automáticamente bajo resguardo, sino únicamente aquellas que cumplan una función hídrica específica. Además, se prevé una mayor autonomía para las provincias, que pasarían a tener más facultades para determinar qué territorios proteger y cuáles habilitar para el desarrollo productivo.
En este contexto, la modificación podría permitir el avance de proyectos mineros que actualmente se encuentran restringidos, especialmente en regiones cordilleranas con recursos estratégicos.
Las provincias más involucradas en este debate son San Juan, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y La Rioja, distritos que cuentan con actividad minera activa o proyectos en evaluación, y que poseen zonas periglaciares bajo protección ambiental.
El trasfondo económico de la reforma está vinculado a la creciente demanda global de minerales críticos como el litio y el cobre, considerados fundamentales para la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de energías renovables. En ese sentido, gobernadores y sectores productivos sostienen que la normativa vigente limita inversiones y retrasa proyectos que podrían generar empleo y divisas.
Por su parte, organizaciones ambientalistas y sectores de la comunidad científica advirtieron sobre los posibles riesgos de reducir las áreas protegidas, al considerar que los glaciares cumplen un rol clave como reservas de agua dulce y reguladores hídricos, especialmente en regiones áridas.
El proyecto deberá ahora ser tratado en la Cámara de Diputados, donde podrá ser aprobado sin cambios, modificado o rechazado, lo que definirá el futuro de la reforma y su eventual implementación en el marco de la política ambiental y productiva nacional.
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