El Gobierno argentino presentó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar un pedido de medidas provisionales para frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La iniciativa se concretó luego de que venciera el plazo de dos semanas otorgado al Reino Unido para que detuviera las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos.
La presentación fue confirmada por la Oficina del Presidente, que señaló que el objetivo es preservar los derechos soberanos que la Argentina reclama sobre su plataforma continental y evitar que el avance del proyecto profundice la controversia con el Reino Unido.
El pedido busca una intervención urgente del organismo con sede en Hamburgo, Alemania, mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar el conflicto de fondo. Las medidas solicitadas podrían impedir nuevos avances en el desarrollo petrolero, aunque la decisión dependerá de la evaluación de los jueces.
La iniciativa forma parte del procedimiento internacional anunciado por el presidente Javier Milei el 28 de septiembre. En esa oportunidad, la Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le concedió dos semanas para tomar medidas contra el proyecto.
El plazo venció el lunes 12 de octubre, después de que Londres rechazara el reclamo argentino y defendiera las autorizaciones concedidas para las actividades en las islas.
El pedido ante el Tribunal del Mar se apoya en el artículo 290 de la CONVEMAR, que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales antes de que se conforme el tribunal arbitral encargado de resolver la disputa principal.
Para concederlas, los jueces deberán evaluar si existe una base suficiente para considerar que el futuro tribunal podría tener competencia sobre el caso y si las circunstancias justifican una intervención urgente. Las medidas que eventualmente se dispongan serán obligatorias para las partes.
La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, coordina la estrategia diplomática y jurídica, con la participación de especialistas de la Consejería Legal Internacional y de la Procuración del Tesoro.
Entre los antecedentes invocados se encuentra el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012. En aquella oportunidad, la Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque.
También existe un antecedente relacionado con la disputa marítima entre Ghana y Costa de Marfil. En 2015, una sala especial del organismo dispuso restricciones sobre nuevas perforaciones en un área cuya delimitación estaba en discusión.
Sin embargo, esos precedentes no determinan cuál será la resolución en el caso Sea Lion. Por el momento, no se anunciaron fechas para las audiencias ni para una decisión sobre las medidas solicitadas por la Argentina.
El proyecto Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Está a cargo de la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de la participación, junto con la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
Las empresas aprobaron a fines de 2025 la inversión para la primera etapa del desarrollo y prevén iniciar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028. El plan contempla once pozos submarinos conectados a una unidad flotante destinada a procesar y almacenar el petróleo extraído, mientras que las perforaciones de desarrollo están previstas para 2027.
El avance de las inversiones es uno de los factores que explican la urgencia planteada por el Gobierno argentino, que busca obtener una resolución antes de que comiencen nuevas perforaciones y se consolide la explotación del yacimiento.
En ese contexto, la Oficina del Presidente informó que Halliburton confirmó que sus filiales se abstendrían de prestar servicios al proyecto. Por su parte, Navitas comunicó que reemplazaba a dos contratistas y sostuvo que mantenía sus planes de desarrollo.
La posición argentina se fundamenta en la disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y en los argumentos vinculados con los derechos sobre los recursos naturales y las obligaciones internacionales relativas al medio marino.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas e instó a ambos países a negociar. En 1976, la Resolución 31/49 pidió evitar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuaban las negociaciones.
La Argentina sostiene que la explotación petrolera puede generar consecuencias difíciles de revertir y que el desarrollo unilateral de los recursos profundiza el conflicto. El Reino Unido, en cambio, defiende la legalidad de las actividades autorizadas en las islas.
La primera resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar será clave para determinar si corresponde adoptar medidas urgentes sobre Sea Lion mientras continúa el procedimiento arbitral. El conflicto vuelve a colocar en el centro de la agenda internacional el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y los recursos de los espacios marítimos circundantes.
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