La Ayudante Fiscal Laura Molina confirmó que la denuncia por hechos ocurridos en la Sociedad de Protección a la Infancia derivó en una investigación penal por posibles delitos cometidos contra menores. “Hay una denuncia iniciada el viernes a la tarde por una profesional del hogar, por posibles amenazas en relación a dos menores”, explicó.
Desde ese momento, la fiscalía inició distintas medidas probatorias. “Se han recabado testimonios, aportado elementos, y se incorporaron un video y un audio como prueba”, indicó Molina. A partir de esos elementos, el Ministerio Público solicitó una medida cautelar.
“Pedimos una prohibición de acercamiento para una cuidadora y para la presidenta de la comisión. El Juzgado de Garantías dispuso que no pueden acercarse al hogar ni a menos de 200 metros, por el término de un mes”, detalló la fiscal. Ambas partes fueron notificadas.
Además, ya se comunicó la formación de causa a una de las investigadas por el delito de amenazas. Molina aclaró que la calificación aún es provisoria: “La primera calificación fue lesiones y amenazas. Puede ampliarse o modificarse, como ocurre en todas las causas mientras avanza la investigación”.
Uno de los puntos centrales es la situación de los menores residentes. “Todos estos nenes son vulnerables. Están judicializados porque están en riesgo, cada uno con su historia de vida. Hay que extremar los cuidados”, afirmó. Por esta razón, la fiscal explicó que intervienen también las tres asesorías de menores y los juzgados de familia, que ya tomaron contacto con el hogar.
La funcionaria confirmó que las asesorías “estuvieron reunidas con nosotros y también en el hogar”, dado que surgieron situaciones que requerían intervención inmediata. “Hay muchos nenes en este momento y necesitamos saber en qué situación estaban”, añadió.
Respecto del rol institucional de la presidenta sancionada, Molina aclaró que la fiscalía no interviene en la vida interna del Hogar: “Qué ocurra con su cargo lo decide la comisión. Nosotros solo actuamos penalmente. La medida cautelar es independiente del funcionamiento institucional”.
Por último, consultada por la posibilidad de que surjan denuncias más graves, como abuso sexual, la fiscal respondió con cautela: “Es un delito sumamente delicado. Depende de la calificación, los agravantes y el contexto. Sin esos elementos sería hablar en el aire”.
Mientras tanto, la investigación continúa recolectando testimonios y analizando pruebas, con intervención simultánea del área penal y el fuero de familia.
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