El Concejo Deliberante llevará a cabo este jueves la cuarta sesión ordinaria del año, en la que se debatirá un Orden del Día compuesto por 37 expedientes que abarcan distintas áreas de la gestión municipal.

La sesión contará con la participación de todos los bloques: Juntos / Somos Buenos Aires, La Libertad Avanza, Frente Potencia, Fuerza Patria, Partido Justicialista y Unión por la Patria, que discutirán iniciativas vinculadas a economía, salud, seguridad, infraestructura y políticas sociales.

En materia económica, uno de los ejes será el tratamiento de proyectos de la comisión de Presupuesto y Hacienda, entre ellos la autorización al Departamento Ejecutivo para celebrar un contrato de leasing, pedidos de informes sobre el destino de fondos provinciales y la solicitud de evaluar la declaración de la emergencia social, sanitaria y económica en el distrito.

También se analizarán propuestas vinculadas a la recaudación y transparencia fiscal, como la elaboración de material informativo sobre el Impuesto Automotor y convenios con entidades bancarias.

En el área de salud, se incluyen pedidos de informes al Hospital Subzonal sobre convenios con obras sociales, además de una manifestación de preocupación por la mora en los pagos de prestaciones y proyectos vinculados al impacto de políticas nacionales, como el cierre del programa Remediar y el financiamiento del PAMI.

Por otra parte, en el ámbito de seguridad, se debatirán iniciativas para gestionar la presencia de Gendarmería Nacional, la reimplementación de la Escuela de Policía Comunal y la creación de un Juzgado de Garantías en Balcarce, además de la implementación de corredores seguros nocturnos.

En cuanto a obras y servicios públicos, el temario incluye pedidos de intervención en distintos puntos de la ciudad, como el saneamiento del canal de calle 35, mejoras en el alumbrado público, mantenimiento de espacios verdes y cuestiones vinculadas a la recolección de residuos en localidades como Napaleofú.

Asimismo, se abordarán temas relacionados con educación y comunidad, como expresiones de repudio ante amenazas en establecimientos educativos y pedidos de informes sobre el programa alimentario Plan MESA.

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