El abogado Mario Bolla, representante de la investigadora del INTA y CONICET Virginia Aparicio, difundió una carta en la que cuestionó el proceso sumarial que atraviesa su defendida y advirtió que el organismo habría tomado la decisión de exonerarla, aunque hasta el momento no habría recibido una notificación formal.

Bolla señaló que acompaña a Aparicio desde hace un año y medio, cuando fue notificada de la apertura del sumario administrativo. Según sostuvo, el expediente contiene ocho imputaciones que considera carentes de sustento y cuestionó que se le atribuya un supuesto perjuicio económico para el Estado.

“El proceso iniciado contra Virginia tiene un sesgo nítidamente sancionatorio”, afirmó el abogado, quien destacó además la trayectoria de la investigadora, especializada en suelos, agua y plaguicidas, y con más de dos décadas de trabajo en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce.

El conflicto por el proyecto SPRINT

Uno de los puntos centrales de la carta es el proyecto SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition), una investigación internacional financiada por la Unión Europea que analizó la presencia de plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas. Argentina fue el único país no europeo seleccionado y Aparicio fue la coordinadora del proyecto en el país.

Según Bolla, el INTA había aprobado formalmente la participación y la investigación fue financiada desde Europa. El abogado sostiene que el conflicto comenzó cuando se iban a presentar los resultados a las personas del sudeste bonaerense que habían participado voluntariamente del monitoreo.

“Días antes de la reunión de informe, las autoridades del INTA suspendieron el encuentro, le prohibieron a Virginia hablar del tema y le impidieron entregar los análisis a los propios participantes”, sostuvo.

La presentación de los resultados había sido suspendida en 2023 y posteriormente el INTA terminó su participación en el proyecto, un episodio que ya había sido señalado por APINTA, que denunció “persecución, censura y silenciamiento” contra la investigadora.

La posible exoneración

En su carta, Bolla aseguró que dirigentes sindicales le confirmaron extraoficialmente que la decisión institucional sería la exoneración. El abogado sostuvo que, de confirmarse, la medida no implicaría solamente la pérdida del cargo de Aparicio, sino también una prohibición para trabajar en organismos estatales durante al menos cinco años.

“Con esta medida no solo se está destruyendo la carrera de una científica de excelencia”, planteó Bolla, quien anticipó que, si la resolución sumarial confirma la exoneración, la defensa recurrirá a la Justicia Federal.

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