El bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense presentó un proyecto de ley para eliminar el impuesto de sellos aplicado a las operaciones realizadas con tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue impulsada por el diputado bahiense Oscar Liberman y acompañada por otros 17 legisladores del espacio libertario. El objetivo, según argumentaron, es reducir una carga tributaria que “encarece el consumo formal y estimula la informalidad económica”.

El proyecto propone derogar el artículo 252 del Código Fiscal bonaerense, correspondiente a la Ley N° 10.397, que actualmente establece una alícuota del 1,2% sobre los débitos o cargos efectuados mediante tarjetas de crédito.

“Se trata de un alivio fiscal para los contribuyentes que tendrá un impacto positivo en el consumo formal”, sostuvo Liberman al defender la iniciativa.

Además, la propuesta contempla modificaciones sobre el artículo 258 del mismo Código Fiscal y cambios en la Ley Impositiva vigente, la Ley 15.558, específicamente en los apartados vinculados al impuesto de sellos aplicado a estas operaciones financieras.

Desde el espacio libertario también plantearon argumentos jurídicos para cuestionar el gravamen. Según explicó el legislador, el resumen de tarjeta de crédito no reuniría las condiciones previstas en la Ley de Coparticipación Federal para quedar alcanzado por el impuesto de sellos.

En ese sentido, Liberman señaló que la normativa nacional establece que un instrumento gravado debe constituir un “título jurídico” suficiente para exigir el cumplimiento de obligaciones sin necesidad de documentación adicional.

“El resumen periódico de una tarjeta no cumple ese requisito porque no está firmado ni reconocido por su titular”, indicó el diputado, quien además remarcó que la propia Ley Nacional de Tarjeta de Crédito exige documentación complementaria para iniciar acciones judiciales por falta de pago.

“Del propio régimen legal de tarjetas de crédito se deduce que la liquidación o resumen periódico no constituye título suficiente para iniciar una acción judicial”, afirmó.

Por último, el legislador sostuvo que el proyecto apunta a avanzar hacia “un sistema tributario más justo” y cuestionó la presión impositiva sobre las operaciones privadas. “El Estado no puede seguir viendo cada operación privada como una oportunidad para cobrar un impuesto más”, concluyó.

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