Estados Unidos pidió este miércoles a sus socios internacionales que reconsideren sus relaciones políticas y económicas con Nicaragua, luego de que la Asamblea Nacional aprobara una reforma constitucional que amplía los mandatos de los funcionarios y restringe la participación de sectores de la oposición.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una dictadura y sostuvo que la modificación constitucional busca consolidar el poder de la pareja gobernante y limitar la posibilidad de elecciones libres.

A través de un comunicado del Departamento de Estado, Rubio afirmó que la reforma representa un nuevo retroceso democrático en Nicaragua. Según el funcionario, un régimen que niega derechos fundamentales a sus ciudadanos no debería recibir los mismos beneficios políticos y económicos que los gobiernos democráticos.

La reforma aprobada por la Asamblea Nacional extiende de seis a siete años los períodos de los principales cargos de elección popular y establece restricciones para que determinadas personas consideradas por el gobierno como una amenaza a la soberanía nacional puedan participar en procesos electorales.

Como consecuencia de la modificación, las elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2026 quedan eliminadas y los próximos comicios serán trasladados hasta 2028. La reforma todavía debe ser ratificada en una segunda sesión legislativa prevista para enero de 2027.

Washington también anticipó que continuará impulsando medidas contra funcionarios nicaragüenses a los que responsabiliza por violaciones de derechos humanos, incluso mediante organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos.

La reforma profundiza además cambios institucionales impulsados por el gobierno de Ortega durante los últimos años. En 2025, una modificación constitucional había ampliado el mandato presidencial, creado el cargo de copresidenta para Rosario Murillo y otorgado nuevas atribuciones al Poder Ejecutivo.

Ortega gobierna Nicaragua desde 2006 y, junto con Murillo, mantiene el control de las principales instituciones del Estado. La nueva reforma fue cuestionada también por la Unión Europea y las Naciones Unidas, mientras sectores opositores denunciaron que los cambios buscan consolidar el poder político dentro de la familia gobernante.

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