La alta abstención en las cinco consultas populares celebradas este domingo y lunes en Italia frenó las propuestas de la oposición para reducir de 10 a 5 años el periodo de residencia legal para solicitar la nacionalidad y otras medidas laborales, al no alcanzarse el 50 % de participación necesario.
A las 15 (10 hora argentina), al cierre de los colegios electorales, los datos preliminares de participación se situaron entorno al 30 % en las cinco preguntas, muy lejos del quorum del 50% que validaría el resultado de los referendos.
“El único objetivo de este referéndum era hacer caer al Gobierno (de Giorgia) Meloni. Al final, sin embargo, fueron los italianos quienes los hicieron caer a ustedes”, escribió Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra, junto a una foto con los principales líderes de la oposición y la frase: “Han perdido”.
Los italianos estaban llamados a votar sobre diversas iniciativas, entre ellas la reducción del período de residencia necesario para solicitar la nacionalidad, que además permitiría transmitir este derecho a los hijos menores, beneficiando a más de 2,3 millones de personas.
Los referendos fueron impulsados por el diputado Riccardo Magi, del partido progresista +Europa, al que posteriormente se sumaron otras formaciones políticas, asociaciones y sindicatos y logró reunir más de 637.000 firmas.
La baja participación estuvo marcada por el llamamiento a la abstención realizado por el Gobierno de Meloni y sus vicepresidentes, Antonio Tajani, ministro de Exteriores, de la conservadora Forza Italia, y el titular de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, de la ultraderechista Liga.
“La nacionalidad no es un regalo, pedimos reglas más claras y estrictas para ser ciudadanos italianos, no basta con unos años más de residencia”, dijo Salvini en una intervención en un acto del grupo de los Patriotas por Europa, con líderes de la ultraderecha europea, horas antes del cierre de las urnas.
Además de la propuesta sobre la nacionalidad, las otras cuatro consultas afectaban reformas laborales apoyadas por el mayor sindicato del país, CGIL, como la de derogar la norma de que los contratados desde 2015 en empresas de más de 15 trabajadores no deben ser reincorporados a su puesto de trabajo tras un despido improcedente, incluso si un juez así lo establece.
También se solicitaba la eliminación del límite de indemnización para los trabajadores despedidos injustificadamente en pequeñas empresas, la de otras normas sobre el uso de los contratos de duración determinada y el aumento de la responsabilidad del empleador en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales.
Desde 1997, solo dos consultas populares en Italia superaron el quorum, una en 2011 sobre la gestión pública del agua, que consiguió un 54,8 % de participación, y otra en 2020 para reducir un tercio de los parlamentarios del país de 945 a 600.
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