Acompañado por miembros de Prefectura Naval Argentina, hace cien días el fiscal general adjunto Marcos Pagella ingresaba a la sede de la Jefatura Departamental y le comunicaba al comisario mayor José Luis Segovia –al frente de la dependencia- que lo detenían porque estaba acusado de encabezar una asociación ilícita mixta acusada de controlar la compra venta ilegal de dólares en la avenida Luro, de desviar investigaciones judiciales y brindar protección a delincuentes.

Más de tres meses después y luego de varias idas y vueltas sobre su alojamiento, Segovia permanece alojado en el complejo penitenciario de Batán junto a los también imputados Gastón Moraña, Javier González y Chirstian Holtkamp. De los tres, solamente el primero cumplía funciones en la fuerza durante la detención mientras que los otros dos ya se habían alejado de la Policía. 

A partir de los pedidos que presentaron las partes, el Juez de Garantías Daniel De Marco también dictó la prisión preventiva del comerciante cambista Jorge Toletti y la falta de mérito y excarcelación del policía de la Federal, Nicolás Rivademar, y del abogado Lautaro Resúa. 

Hace tres semanas los investigadores imputaron a Claudio Alaniz de tener una participación primaria en la misma asociación ilícita mixta. “El Negro Claudio” está acusado de ser la persona que facilitó los datos para el robo millonario que un matrimonio sufrió en diciembre de 2020 en su departamento de Cabo Corrientes. El otro acusado de tener una participación secundaria en la asociación es el ex jefe del Gabinete de robo a viviendas de la DDI; Javier Collova, que nunca estuvo detenido en esta causa.

El titular del Juzgado de Garantías N°1 convirtió la detención de Segovia en prisión preventiva ante un posible peligro de fuga y a la magnitud de los hechos, ya que los implicados presentan la posibilidad de continuar desarrollando una connivencia con otros integrantes de las fuerzas policiales que aún se encuentren en su cargo.

En la resolución que oportunamente adelantó 0223 se aseguró que existía un riesgo de entorpecimiento de la investigación "que implica la posibilidad de destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba aún pendientes de producción", cuestión que ya sucedió con los imputados que "resetearon" sus teléfonos celulares luego de mantener una reunión o vaciaron sus cajas de seguridad.

En cumplimiento de los tiempos procesales, el próximo 8 de septiembre se cumple el término ordinario y la fiscalía solicitará una prórroga por dos meses. En caso de ser considerado necesario, la ley prevé una extensión más de seis meses para el cierre de la Investigación Penal Preparatoria.

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