La dotación de la Administración Pública Nacional cayó en 77.515 puestos hasta agosto de 2026, según datos oficiales. Mientras continúa el ajuste, el Ejecutivo habilitó un nuevo régimen de retiros voluntarios para trabajadores de la administración centralizada.

La Administración Pública Nacional registró una reducción de 77.515 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, de acuerdo con cifras difundidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El recorte abarca organismos centralizados y descentralizados, empresas estatales y personal militar y de seguridad.

El dato refleja la variación acumulada de la dotación pública durante los primeros 32 meses de gestión de Javier Milei. No representa la cantidad de despidos producidos en una sola instancia, sino el saldo entre las incorporaciones y las bajas registradas en ese período.

La tendencia descendente comenzó en los primeros meses de 2024 y continuó durante los años siguientes. En enero de ese año, la diferencia respecto de diciembre de 2023 era de 7.299 puestos. En abril llegó a 15.799 y, hacia junio, superó los 24.000.

Al cierre de 2024, la reducción alcanzó los 37.356 cargos. Durante 2025, la cifra siguió creciendo: en marzo se ubicó en torno a los 45.015 puestos menos, superó los 50.000 en mayo y terminó diciembre con una caída acumulada de 61.657.

La baja se profundizó durante los primeros ocho meses de 2026. El registro pasó de 64.842 puestos menos en enero a 77.515 en agosto, último dato informado.

El mayor impacto se concentró en la administración pública

La reducción alcanzó a distintas áreas del sector público nacional, aunque la mayor contribución correspondió a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada. Las empresas estatales también representaron una parte relevante de la disminución, mientras que el personal militar y de seguridad tuvo una incidencia menor en el total.

La administración centralizada comprende ministerios, secretarías y dependencias que responden directamente al Poder Ejecutivo. En tanto, los organismos descentralizados cuentan con funciones específicas y distintos grados de autonomía administrativa.

Las cifras forman parte de la política oficial de reducción de la estructura estatal y del gasto asociado a su funcionamiento.

El nuevo retiro voluntario para empleados estatales

En paralelo, el Gobierno formalizó el 19 de octubre un nuevo Régimen de Retiro Voluntario para parte del personal de la Administración Pública Nacional centralizada. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro Federico Sturzenegger.

El programa está dirigido a trabajadores de planta permanente alcanzados por la Ley de Empleo Público y a determinados empleados con contratos por tiempo indeterminado.

La inscripción se realizará entre el 1 y el 30 de noviembre, con la posibilidad de una única prórroga de hasta 30 días. Según informó Sturzenegger, alrededor de 20.000 agentes estarían en condiciones de solicitar el beneficio.

Ese universo no implica que el Gobierno haya establecido una meta obligatoria de desvinculaciones. Cada solicitud deberá ser evaluada por las autoridades correspondientes, que podrán rechazarla si consideran que la salida del trabajador compromete la prestación de servicios.

Los organismos tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver los pedidos. Si no existe una aprobación expresa, la solicitud se considerará rechazada.

La salida implica eliminar el cargo presupuestario

El decreto establece que quienes accedan al régimen dejarán su puesto de trabajo y que el cargo presupuestario correspondiente deberá eliminarse. De esta manera, el mecanismo busca evitar que las vacantes generadas por los retiros permanezcan disponibles dentro de la estructura estatal.

Las compensaciones económicas dependerán de factores como la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada empleado. El esquema contempla distintas modalidades, entre ellas pagos vinculados con los años de servicio y alternativas destinadas a trabajadores próximos a la edad jubilatoria que todavía no reúnen todos los requisitos para acceder al beneficio previsional.

La normativa también establece exclusiones para determinados casos, entre ellos trabajadores que ya reúnan las condiciones para jubilarse, hayan iniciado el trámite correspondiente o tengan una renuncia pendiente de aceptación. Asimismo, prevé restricciones para agentes involucrados en determinados procesos administrativos o judiciales, según las condiciones fijadas en el régimen.

Qué sectores quedan excluidos

El retiro voluntario no alcanza a la totalidad del sector público nacional. Entre los excluidos se encuentran las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el Servicio Exterior, el área de inteligencia y los organismos descentralizados.

Por ese motivo, el alcance del nuevo programa es más acotado que el universo considerado en las estadísticas de reducción del empleo estatal acumuladas hasta agosto.

Además, quienes acepten el retiro no podrán volver a desempeñarse en el Sector Público Nacional durante ocho años, salvo las excepciones previstas en la normativa.

El impacto se conocerá a partir de noviembre

La nueva convocatoria se incorpora a las medidas impulsadas por el Gobierno para reducir la dotación de personal y los gastos asociados al funcionamiento del Estado. Sin embargo, sus resultados dependerán de cuántos trabajadores se inscriban, cuántas solicitudes sean aprobadas y cuándo se concreten las desvinculaciones.

Los datos disponibles hasta agosto de 2026 todavía no reflejan el impacto de este régimen, ya que el período de inscripción comenzará en noviembre.

Las próximas actualizaciones oficiales permitirán determinar cuántos puestos adicionales se eliminan y cómo evoluciona la dotación del sector público nacional durante los últimos meses del año.

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