El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, dispuso la reincorporación de 1.200 trabajadores despedidos de distintas plantas de Granja Tres Arroyos y Wade, en medio de una fuerte crisis que mantiene en alerta a varias localidades bonaerenses.
La medida fue adoptada por el Ministerio de Trabajo provincial, conducido por Walter Correa, luego de una audiencia entre representantes de las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA).
Como resultado del encuentro, la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, con la posibilidad de extenderla durante otros cinco días. La resolución establece el regreso de los trabajadores despedidos y abre una instancia formal de negociación entre las partes para intentar encontrar una salida al conflicto y preservar los puestos de trabajo.
Del total de trabajadores alcanzados por la medida, 700 pertenecen a la planta de Capitán Sarmiento, 50 a la de Pilar y otros 450 a la de Esteban Echeverría. La situación generó preocupación especialmente en Capitán Sarmiento, donde la actividad de la empresa tiene un fuerte impacto sobre la economía local.
En la audiencia participaron además funcionarios del Gobierno bonaerense y representantes de los municipios involucrados, entre ellos la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado, y Alejandro Bonomo, en representación de la Municipalidad de Esteban Echeverría.
Como parte de los primeros acuerdos alcanzados, se resolvió también entregar 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores afectados y otorgar un pago de dinero a cuenta durante la próxima semana.
Las negociaciones continuarán el jueves, cuando se concrete una nueva audiencia dentro del período de conciliación obligatoria. El objetivo será avanzar en una solución que permita sostener las fuentes laborales y determinar el futuro de las plantas involucradas.
El conflicto se profundizó el domingo pasado, cuando Granja Tres Arroyos comunicó internamente la suspensión de las operaciones de su planta de Capitán Sarmiento “hasta nuevo aviso”. La empresa argumentó que la decisión respondía a la falta de suministro eléctrico y a otras dificultades operativas y productivas vinculadas con circunstancias de fuerza mayor.
La comunicación sorprendió a los trabajadores, que fueron informados de que no debían presentarse a trabajar salvo que fueran convocados expresamente por sus superiores.
La incertidumbre aumentó luego de que trascendiera el retiro de maquinaria perteneciente a empresas externas que prestaban servicios dentro del establecimiento. Según fuentes vinculadas a la situación, fueron retirados distintos equipos utilizados para las operaciones de la planta.
La paralización tuvo un fuerte impacto en Capitán Sarmiento, una localidad de alrededor de 15.000 habitantes. La actividad de la planta representa una fuente de empleo fundamental para la zona y su interrupción generó preocupación entre trabajadores, familias, comerciantes y prestadores de servicios.
Los efectos de la crisis exceden así los límites de la empresa. Comerciantes y vecinos advierten que una caída prolongada de la actividad podría repercutir directamente sobre el movimiento económico de la localidad.
Frente a este escenario, familiares de los trabajadores comenzaron un acampe frente a la planta para reclamar respuestas sobre la continuidad de los puestos de trabajo, los despidos y la situación salarial.
La protesta comenzó el martes y cuenta con la participación de empleados, parejas, hijos y otros familiares, que mantienen una presencia rotativa frente al establecimiento.
La conciliación obligatoria dispuesta por el Gobierno bonaerense busca ahora abrir un período de negociación para evitar que el conflicto se profundice y encontrar una salida que permita definir el futuro de los 1.200 trabajadores alcanzados por la medida.
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