El canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno notificó a unas 180 empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y les planteó que deberán elegir entre continuar operando en el archipiélago o enfrentar sanciones en la Argentina.

El funcionario realizó estas declaraciones durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrolla en Puerto Iguazú, Misiones, donde explicó los alcances de la estrategia oficial para desalentar la participación de compañías argentinas y extranjeras en proyectos de explotación de recursos en las islas.

Quirno sostuvo que las medidas forman parte de una política destinada a ampliar las sanciones no solo contra las empresas petroleras que operen en Malvinas, sino también contra las compañías que les brinden servicios financieros, seguros, asistencia técnica y otros servicios vinculados con sus actividades.

“Van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado”, afirmó el canciller al referirse a las empresas que recibieron las notificaciones.

El funcionario explicó que el Gobierno busca modificar los incentivos económicos de las compañías que participan de proyectos en las aguas que rodean las islas. En ese sentido, destacó el desarrollo de Vaca Muerta como uno de los principales activos estratégicos con los que cuenta Argentina para ofrecer alternativas de inversión.

Según Quirno, cuando se sancionó la Ley 26.659, en 2011, Argentina no contaba con el desarrollo actual de Vaca Muerta, por lo que las empresas tenían menos incentivos para abandonar proyectos en territorios disputados.

“Hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios”, explicó.

El Gobierno también avanzará con modificaciones a la Ley 26.659 para ampliar las herramientas de sanción y establecer mecanismos que permitan a las compañías abandonar sus operaciones en Malvinas y posteriormente volver a desarrollar actividades en Argentina.

Quirno consideró que este punto es importante porque el esquema actual puede generar un efecto contrario al buscado. Según explicó, una empresa que es sancionada y queda excluida del mercado argentino puede perder cualquier incentivo para abandonar las actividades cuestionadas.

“Nosotros tenemos que generar los mecanismos bajo los cuales podamos entrar y salir de ese proceso, una vez que desestimaste”, sostuvo.

Entre las nuevas medidas, el Gobierno incorporó una declaración jurada para las empresas que pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las compañías deberán declarar que no se encuentran incumpliendo las disposiciones de la Ley 26.659.

El canciller vinculó esta estrategia con la necesidad de fortalecer la posición argentina frente al Reino Unido. Afirmó que la valorización de activos como Vaca Muerta permite al país contar con mayores herramientas de negociación y ejercer presión económica sobre las empresas que participan de proyectos en las islas.

“Esta valorización de los activos estratégicos que nos hace parar de manera diferente ante el mundo es clave en lo que estamos haciendo”, sostuvo Quirno.

El funcionario también destacó el proyecto para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, anunciado por el presidente Javier Milei. Según explicó, la iniciativa busca reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, mejorar la logística hacia la Antártida y fortalecer la capacidad de control sobre el Mar Argentino.

La estrategia oficial también tuvo impacto sobre las empresas involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Durante la jornada, las acciones de Rockhopper Exploration cayeron 6,3% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas Petroleum retrocedieron 2,3% en Tel Aviv.

Sea Lion es desarrollado por ambas compañías y contempla una primera fase con una inversión estimada en USD 1.800 millones y una producción proyectada de alrededor de 50.000 barriles diarios. Las empresas prevén comenzar la extracción en 2028.

Quirno señaló que la caída de las acciones representa parte del impacto que el Gobierno busca generar mediante sus medidas. Definió la estrategia como una combinación de herramientas diplomáticas, legales, económicas y financieras destinadas a dificultar el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en las islas.

“Estas no son medidas a la marchanta”, afirmó el canciller, quien aseguró que existe una estrategia coordinada entre distintas áreas del Gobierno para generar el mayor impacto posible.

Además, señaló que la Cancillería mantiene conversaciones con representantes del sector privado y aseguró que varias cámaras empresariales expresaron su respaldo a las medidas. Milei también convocó a dirigentes políticos a acompañar el proyecto de modificación de la legislación vinculada con Malvinas.

La iniciativa deberá ser debatida por el Congreso y contempla un endurecimiento del régimen de sanciones, incluyendo a empresas que presten servicios a compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina.

Quirno también se refirió a las conversaciones mantenidas con Chile y destacó que el Gobierno busca evitar que empresas de ese país brinden asistencia logística a operaciones de hidrocarburos y pesca vinculadas con Malvinas.

La ofensiva diplomática y económica representa una nueva etapa de la estrategia del Gobierno para disputar la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur y aumentar los costos para las empresas que participen de proyectos en las aguas que Argentina considera bajo su soberanía.

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