Diputados y senadores bonaerenses de La Libertad Avanza presentaron un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof dé explicaciones por el estado de abandono del vacunatorio ubicado en el predio de Pilar que cumplió funciones sanitarias durante la pandemia de Coronavirus.

Tras las imágenes que difundieron varios medios de comunicación donde se observa el predio de nueve hectáreas en el Km 46 de la Panamericana con implementos sanitarios abandonados, los legisladores libertarios exigieron conocer el destino de los insumos que allí se utilizaban, como así también el estado judicial de la expropiación que el Ejecutivo promulgó en 2021.

“El Gobierno todavía no puede explicar qué pasó con los recursos sanitarios. Pedimos información sobre eventuales auditorías, investigaciones y responsabilidades administrativas vinculadas con el caso de Pilar, que es una muestra más de la desidia y la nula gestión del gobierno provincial”, puntualizó el titular del bloque de LLA en el Senado bonaerense, Carlos Curestis.

En rigor, el pedido de informes se concentra en las cuestiones de corrección técnica respecto a la expropiación del predio y el uso dado al inmueble; el resguardo de las vacunas y medicamentos que pasaron por el inmueble y la exposición patrimonial del Estado provincial frente a eventuales reclamos indemnizatorios.

En detalle, el inmueble de Pilar había sido embargado en 2018 en el marco de una causa penal por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Durante la pandemia por coronavirus, y con el bien bajo secuestro judicial, el Ejecutivo bonaerense instaló en el lugar uno de los centros de vacunación más grandes de la provincia.

A fines de 2020, la Legislatura bonaerense sancionó la declaración de utilidad púbica y sujeto a expropiación el predio de Pilar para la construcción de instalaciones judiciales y puesta en funcionamiento de dependencias municipales descentralizadas. El gobierno de Kicillof promulgó la ley a comienzos de 2021.

“Ninguno de los destinos previstos en la norma contemplaba la instalación de un vacunatorio, uso que sin embargo el inmueble ya tenía a la fecha de la sanción”, remarcaron los legisladores de La Libertad Avanza en el pedido de informes.

No obstante, la empresa propietaria Pilar Bicentenario S.A cuestionó ante la Justicia el procedimiento legislativo y los fundamentos invocados para la declaración de utilidad pública. En sede federal, se dispuso primero la suspensión de la expropiación y luego, en marzo de 2025, el juzgado interviniente ordenó el desalojo del predio.

Según indicó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el abandono de los insumos se debió al rápido desalojo. “Un juez federal decidió devolverle a la empresa narco el edificio, pero lo hizo de un día para el otro; cuando lo hacen te dicen: ‘Señor, usted no puede entrar más’”, resaltó.

En ese marco, el titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, afirmó: “El vacunatorio abandonado es una foto de la realidad que vivimos. El Gobierno provincial y sus cómplices municipales hacen negocios con todo lo que pueden. No les importa si los servicios funcionan, si la gente recibe atención o si alguien muere esperando una respuesta”.

Por su parte, el diputado bonaerense Juan Osaba, agregó que los funcionarios provinciales “no pueden mirar para otro lado” ante esta situación. “Esta semana estuvo en el Senado el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y no dijo nada de la crítica situación que viven los afiliados de IOMA, tampoco sobre el escándalo del vacunatorio en Pilar”, cuestionó.

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