El presidente Javier Milei declarará a la compañía estatal Aerolíneas Argentinas como “susceptible de privatización”, informó este viernes el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
En su habitual comparecencia ante los medios en Casa Rosada, el vocero indicó que “probablemente en los primeros días de la próxima semana” el mandatario emitirá un decreto para que la compañía quede “sujeta a privatización”.
“Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron todos y cada uno de los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal”, detalló.
Milei tomará esa decisión en virtud del artículo 9 de la Ley 23696, de Reforma del Estado, que indica que la declaración de “sujeta a privatización” será hecha por el Ejecutivo, aunque deberá ser “aprobada por ley del Congreso” previo “trámite parlamentario de preferencia”.
Según el Ejecutivo, desde su regreso a manos del Estado, en 2008, el Estado argentino aportó 8000 millones de dólares (unos 7.186 millones de euros) “para cubrir el déficit de la compañía”, lo que calificó de “atrocidad” y de “falta de empatía” hacia los ciudadanos, muchos de los cuales “no han volado en su vida”.
“Esta atrocidad también se refleja en su estructura sobredimensionada, que cuenta con una dotación de 1204 pilotos de línea para volar 81 aviones activos, es decir un número absolutamente excesivo siempre comparándolo con el promedio de la industria”, apuntó Adorni.
Este anuncio tiene lugar días después de que el Ejecutivo defendiera en la Cámara de Diputados su intención de impulsar dos proyectos de privatización de la compañía para que los argentinos puedan volar “mejor, más y a un mejor precio”.
“El Estado es un pésimo administrador de empresas”, afirmó el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, en una reunión conjunta de las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
El Gobierno ya propuso privatizar Aerolíneas Argentinas, la mayor compañía del país, cuando presentó su proyecto Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que fue aprobado por Diputados, pero la eliminó de la lista de “empresas privatizables” para lograr consenso en el debate en el Senado.
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