Claudia Insaurralde permanece detenida con prisión preventiva por 180 días en una causa que investiga la presunta explotación y administración irregular de bienes embargados o decomisados al empresario. Su abogada negó que haya intentado fugarse y solicitó que pueda cumplir la medida en una vivienda de San Vicente.

Claudia Noemí Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, fue trasladada este domingo al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde continuará detenida bajo prisión preventiva por orden del juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez. La mujer había sido arrestada el pasado 9 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando regresaba de la Patagonia.

La detención se produjo en el marco de una investigación judicial que busca determinar si existió una organización dedicada a continuar explotando comercialmente propiedades, campos, sociedades y maquinarias vinculadas al patrimonio de Báez, pese a que esos activos ya se encontraban embargados o decomisados por la Justicia.

En paralelo al traslado, la defensa de Insaurralde, encabezada por la abogada Yanina Nicoletti, presentó un pedido para que la imputada pueda cumplir el arresto en su domicilio de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Entre los argumentos expuestos, señaló que la mujer tiene antecedentes de una enfermedad oncológica y es responsable del cuidado de dos hijos menores de edad, de 13 y 15 años.

La causa también involucra a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, señalado como hombre de confianza del empresario. Ambos recibieron una prisión preventiva por un plazo de 180 días y permanecieron inicialmente alojados en dependencias de la Prefectura Naval Argentina, en el barrio porteño de Retiro.

Según la hipótesis del fiscal federal Julio Zárate, Báez habría continuado impartiendo instrucciones desde la cárcel para administrar y obtener beneficios económicos de distintos bienes bajo investigación. Entre las operaciones mencionadas figuran el cobro de alquileres, la renegociación de contratos comerciales y la explotación ganadera de establecimientos rurales.

Insaurralde, conocida como “La Tía” en escuchas telefónicas incorporadas al expediente, habría cumplido un papel de intermediaria entre el empresario y quienes administraban sus propiedades. La fiscalía le atribuye, entre otros hechos, el alquiler de un departamento sin contrato escrito y el cobro de $7.650.000 por una propiedad ubicada en la calle Alberdi durante este año.

El pedido de prisión domiciliaria

La defensa fundamentó su presentación en la situación familiar de Insaurralde y en sus antecedentes médicos. Según el escrito, la detención dejó a sus dos hijos adolescentes sin el cuidado directo de su madre, quien sería la única adulta responsable de su sostenimiento cotidiano.

Los menores permanecen actualmente al cuidado de una prima, aunque la abogada sostuvo que esa situación no podría prolongarse debido a dificultades económicas y de salud.

En cuanto a la situación médica, Nicoletti acompañó documentación que acredita que su defendida atravesó un carcinoma mamario en 2024 y recibió tratamientos de quimioterapia, radioterapia e intervenciones quirúrgicas. También señaló que existe un hallazgo mamario pendiente de evaluación diagnóstica.

Aunque Insaurralde continúa recibiendo medicación durante su detención, la defensa advirtió que el contexto penitenciario podría dificultar el seguimiento de sus necesidades médicas.

La defensa negó un intento de fuga

Otro de los puntos centrales del planteo fue el rechazo a la posibilidad de que Insaurralde haya intentado escapar de la Justicia al regresar desde la Patagonia.

La fiscalía había cuestionado su arraigo en la provincia de Buenos Aires, al sostener que los registros de antenas telefónicas la ubicaban reiteradamente en Río Gallegos.

Sin embargo, su abogada explicó que esos desplazamientos respondieron a visitas familiares y gestiones personales, y no a una intención de abandonar su domicilio en San Vicente. También destacó que sus hijos concurren a establecimientos educativos de esa localidad.

Como argumento adicional, la defensa recordó que la vivienda propuesta para el arresto domiciliario ya había sido inspeccionada y considerada apta por los organismos correspondientes cuando Lázaro Báez cumplió allí una medida similar.

Ahora, la decisión quedará en manos del juez federal Claudio Vázquez, quien podrá solicitar previamente la opinión del fiscal antes de resolver si concede o rechaza el beneficio.

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