El expediente por la investigación de la privación ilegal de la libertad agravada y torturas que sufrieron dos adolescentes de 14 y 16 años a mediados de septiembre por el que hay tres policías detenidos y una cuarta imputada en libertad, sumará la semana próxima la declaración de las autoridades de la comisaría sexta tras el llamado que hizo el fiscal Juan Pablo Lódola.

La intención del funcionario a cargo de la causa es evacuar citas de la declaración que la semana pasada dio la oficial Micaela Estigarribia y que culminó con su libertad al considerar que tuvo una participación secundaria en el hecho y un rol pasivo durante los tormentos que sufrieron los menores.

En el marco de las medidas complementarias para establecer si pide la prisión preventiva de los efectivos se estableció entre el 18 y el 19 de octubre prestarán declaración testimonial el Subcomisario Nicolás Tessera, Jonatan Suarez, la principal Ricciardi y Estefanía Azurrumendi.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso en exclusiva el portal 0223, la Justicia libró un oficio a la Jefatura Departamental para establecer si el martes 20 de septiembre Estigarribia fue recibida por la Asesoría Letrada tal como dijo en su declaración acompañada por la abogada Adelina Martorella. En ese escrito también se pidió precisión acerca de quién o quienes la recibieron.

Tal como adelantó este medio, en su declaración la dijo que buscó ayuda para ver dónde tenían que declarar y que le informaron que debía esperar a que la llamara la fiscalía. "Cuando fue a la Dirección Asesoría Letrada de Policía le preguntaron si había tenido alguna notificación y como no había nada le dijeron que convenía esperar", confirmó su abogada.

Aunque el fiscal no solicitó el secuestro de las cámaras de seguridad de la dependencia como había solicitado la abogada, le pidió a Estigarribia la entrega del dispositivo donde habría grabado la reunión con Tissera tras los hechos registrados en el descampado de Stróbel al 10000.

La búsqueda de archivos en celulares

El 28 de octubre a la mañana comenzará la pericia de los celulares secuestrados a Estigarribia, los oficiales Jonathan Cabrera, Ariel Estevez y la sargento Vanesa Cano con foco en el historial de “Google maps” entre los días 8 y 18 de septiembre pasado.

El fiscal pidió que se certifiquen las comunicaciones entre los cuatro imputados y entre ellos con otros abonados telefónicos entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre cuando se hizo efectiva la detención ordenada por la Jueza de Garantías Rosa Frende.

Con la colaboración de instructores del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) se transcribirán los mensajes de los celulares de los cuatro imputados al igual que notificaciones de Messenger y la aplicación WhatsApp.

Las pericias también buscarán fotos y videos del hecho investigado y, particularmente, se determine si en uno de los celulares secuestrados aparecen videos relacionados con el suceso investigado tal como relataron los menores en su declaración.

En el mismo sentido, se pidió obtener fotos tendientes a constatar las características físicas de los imputados el día de los hechos o con anterioridad a los mismos.

Privación de la libertad y torturas

El hecho que desencadenó la investigación ocurrió el 17 de septiembre, cuando los policías aprehendieron a los dos jóvenes, de entre 14 y 16 años en la calle Beruti al 9100, y los trasladaron hasta un descampado en Stróbel al 10000. Según constataron a partir de la investigación, al menos uno de ellos, estuvo esposado durante el operativo.

La mamá de una de las víctimas se comunicó al 911 y denunció que su hijo de 14 años y su amigo habían sufrido una serie de abusos por parte de la policía. Tras el primer reconocimiento médico que confirmó las heridas sufridas, el fiscal Alejandro Pelegrinelli remitió las actuaciones a la fiscalía temática a cargo de Juan Pablo Lódola.

El 4 de octubre pasado tras la realización de varios allanamientos simultáneos, personal de la Departamental de Policía con el apoyo de la DDI detuvo a los cuatro policías imputados. Un día mas tarde Cabrera, Estévez y Cano se negaron a declarar mientras que Estigarribia lo hizo y quedó en libertad luego de que Lódola considerara que tuvo una participación secundaria y adelantó que no iba a pedir su prisión preventiva y así lo dispuso la Jueza de Garantía Rosa Frende.