La caza furtiva en establecimientos rurales volvió a ser tema de debate en la provincia de Buenos Aires. La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados decidió postergar el tratamiento de un proyecto presentado por la Coalición Cívica, que busca prohibir y sancionar el ingreso de cazadores a campos privados sin autorización.

La intención es incorporar las principales herramientas de la iniciativa a una reforma del Código Rural bonaerense, en lugar de avanzar con una legislación independiente. El proyecto fue impulsado por el diputado Luciano Bugallo, con el acompañamiento del titular del bloque, Andrés De Leo, y apunta a responder a una problemática que, según sus autores, se incrementó durante los últimos años.

La discusión también tiene relevancia para Balcarce, donde la actividad de la Patrulla Rural incluye intervenciones frecuentes ante denuncias por la presencia de cazadores en establecimientos privados. En distintos procedimientos realizados en el partido se han detectado grupos que ingresan sin autorización, muchas veces acompañados por perros, armas y vehículos para desarrollar actividades de caza.

Las sanciones que contempla el proyecto

La iniciativa propone establecer una prohibición expresa de la caza no autorizada en predios privados y alcanzar a quienes utilizan armas de fuego, perros u otros elementos para perseguir, capturar o acorralar animales silvestres.

Entre sus principales disposiciones contempla multas de entre 1.000 y 20.000 unidades fijas para determinadas contravenciones contra la seguridad rural, y sanciones de entre 5.000 y 30.000 unidades fijas para quienes ingresen sin autorización a establecimientos privados con fines de caza.

También establece agravantes cuando participan tres o más personas, se utilizan vehículos, la actividad se desarrolla durante la noche, existen antecedentes o se afectan áreas protegidas. A esto se suman posibles inhabilitaciones para obtener permisos de caza, decomiso de perros, armas, cuchillos y herramientas, y secuestro preventivo de los vehículos utilizados.

El texto incluye además la creación de un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada, que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

Los fundamentos del proyecto advierten sobre el ingreso de grupos organizados a establecimientos agropecuarios sin autorización, una situación que puede representar un riesgo tanto para los animales silvestres como para productores, trabajadores y familias que viven en los campos.

La iniciativa también recoge las advertencias del Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA), que manifestó su preocupación por los episodios registrados en distintos puntos de la provincia. Por ahora, el tratamiento quedó postergado mientras se analiza la posibilidad de incorporar estas medidas a una modificación más amplia del Código Rural.

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