El Partido Comunista de China anunció nuevas medidas de control sobre sus funcionarios para prevenir la corrupción y posibles actos de deslealtad. La decisión se conoció después de una reunión que terminó con la expulsión de 33 altos cargos, entre ellos importantes figuras del ámbito militar.

El Partido Comunista Chino (PCCh) reforzará la supervisión de sus dirigentes mediante controles sobre sus bienes, gastos familiares, vínculos personales y actividades en internet. Las nuevas disposiciones fueron establecidas en un documento del Comité Central, difundido tras el plenario celebrado en Beijing.

Entre las medidas previstas se encuentran las verificaciones patrimoniales cuando los gastos de las familias de los funcionarios superen considerablemente sus ingresos declarados. También se incrementará el seguimiento de las actividades comerciales de sus cónyuges, hijos y parejas, además de los movimientos financieros internacionales y las operaciones con monedas virtuales.

El documento también establece una mayor vigilancia sobre la actividad digital de los integrantes del Partido y plantea fortalecer los mecanismos internos de disciplina y supervisión.

El anuncio se produjo después de que el plenario aprobara la expulsión de 33 altos dirigentes por presuntas violaciones graves de la disciplina y la legislación. Entre los afectados se encuentran Zhang Youxia, uno de los principales responsables militares del país, y Liu Zhenli, exjefe del Estado Mayor Conjunto.

La campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping desde su llegada al poder en 2012 ya derivó en sanciones contra millones de funcionarios. Según datos difundidos por el propio Partido, cerca de ocho millones de personas fueron castigadas durante ese período.

Sin embargo, distintos analistas consideran que estas investigaciones también funcionan como un mecanismo para desplazar a posibles rivales políticos y consolidar el poder de Xi Jinping, quien se prepara para el próximo Congreso del Partido, previsto para la segunda mitad de 2027.

Las nuevas disposiciones profundizan así el control político y administrativo sobre la estructura del Partido Comunista, en un contexto marcado por importantes purgas internas y una creciente concentración de poder en el liderazgo chino.

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